Para superar el veto presidencial los diputados requieren de mayoría calificada, es decir de 56 votos. Cuando fue aprobada la reforma votaron 76 diputados de todas las fracciones

El Presidente de la República, Mauricio Funes, remitió a la Asamblea su decisión de vetar el Decreto Legislativo Nº 275, que reformaba la Ley Penal Juvenil.

Los diputados avalaron el jueves 11 de este mes, con 76 votos, incrementar a 15 años la pena máxima para los menores que cometan homicidios, extorsiones, fuga de centros preventivos, acciones de peligro para el interés colectivo y hechos de conmoción social y daños a víctimas y testigos.. Así quedó estipulado en el artículo 15 de la Ley Penal Juvenil y aplicará para los menores entre 16 y 18 años.

Sin embargo, en  el escrito, presentado la tarde del miércoles a los legisladores, el Presidente Funes decidió aplicar el veto al endurecimiento de las penas a menores “por considerarlo inconstitucional” y porque viola la Convención sobre los Derechos del Niño, así como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia a Menores y las Reglas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, suscritos por El Salvador.

La decisión, según la justificación del veto, se fundamenta en recomendaciones de jueces y magistrados de menores y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Los argumentos de éstos fueron retomados en un detallado informe elaborado por la Comisión Gubernamental integrada al efecto por el viceministro de Seguridad y Justicia, Henry Campos, la presidenta del Consejo Nacional Seguridad Pública, Aída Santos de Escobar, y el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), Jaime Martínez.

El documento presentado por el Presidente especifica que la modificación aprobada por la Asamblea viola el artículo 35 de la Constitución, que estipula un régimen jurídico especial para la conducta antisocial de los menores de edad, es decir, establece que el tratamiento estatal hacia este tipo de conducta debe ser distinto al aplicado al régimen de adultos.

Además, la disposición va en contra de lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece como obligación del Estado el tratamiento a los menores de forma apropiada a su edad, así como la utilización del encarcelamiento o prisión “como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda” (Art. 37.b).

El veto del Presidente Funes detalla también sentencias anteriores del Tribunal Constitucional en relación al trato diferenciado a los menores, como la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Antimaras en la sentencia Nº 52-2003/56-2003/57-2003.

Se considera, por tanto, que  la reforma legal no encaja en los lineamientos normativos constitucionales e internacionales e incurre en “graves atentados contra el régimen jurídico especial para las personas menores de edad en conflicto con la ley”. Asimismo, se desnaturaliza el carácter educativo de las medidas y del proceso penal juvenil.

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