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Opinión
La “batalla” por la transparencia
03 DE ABRIL DE 2017 18:57 | por Jaime Mauricio Campos

De acuerdo con la última escala global de acceso a la información, nuestra Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) se ubica en el séptimo lugar entre las mejores del mundo. Dicha posición obedece, entre otros aspectos, al diseño institucional de la Ley que da origen a un órgano garante y al número de sujetos obligados al cumplimiento de la misma.

La transparencia no se basa exclusivamente en un sólido marco normativo, sino que se trata de una política pública, cuya eficacia depende de la interacción entre esa normatividad, la arquitectura institucional y las prácticas reales de los sujetos obligados.

A la par de reconocer la existencia de una buena ley que establezca con carácter restrictivo las excepciones al derecho de acceso a la información, debe asegurarse que las entidades del Estado cuenten con unidades de acceso a la información pública donde se tramiten y respondan las solicitudes de los particulares. Además, para que la estructura institucional esté completa, los estándares internacionales recomiendan a los Estados la creación de un organismo especializado en la materia.

Estos organismos encargados de garantizar y promover el acceso a la información pública y la transparencia son llamados “órganos garantes”.

Dichas entidades cumplen con un papel crucial en la protección del derecho de acceso a la información pública, pues tienen la atribución de resolver apelaciones y denuncias en caso de vulneración del mismo; promueven el derecho de acceso a la información tanto en los servidores públicos como en la población; dictan lineamientos para la mejor implementación de la Ley y evalúan el desempeño de los entes obligados, entre otros aspectos.

En nuestro país corresponde al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ejercer el rol de órgano garante y su integración es única en el mundo, pues sus comisionados son elegidos a propuesta de cinco diferentes sectores de la sociedad civil.

Es un organismo colegiado, cuyas decisiones son adoptadas por mayoría simple y su composición –preferentemente- debe ser de corte multidisciplinario. En la actualidad, está integrado por abogados, administradores de empresas y una periodista.

El IAIP no tiene facultades para conocer “de oficio” sobre los casos de acceso a la información pública, sino que estos siempre se le plantean mediante quejas de los particulares, ya sea porque se les denegó el acceso a la información o bien, porque no recibieron respuesta de las entidades del Estado en los plazos que determina la Ley.

En caso de que una institución pública deniegue el acceso a la información por razón de reserva o confidencialidad, afirme la inexistencia de la misma o la entregue incompleta, por citar algunos ejemplos, el solicitante de la información puede presentar un recurso de apelación ante el IAIP para que conozca la controversia.

La resolución que dicte el IAIP, como órgano garante y especializado en la materia, si es favorable al acceso de la información será vinculante y obligatoria para los entes obligados y sus titulares; en cambio, si es negativa a las pretensiones de los particulares, estos podrán impugnar las resoluciones ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, según el artículo 101 de la LAIP.

La eliminación de la posibilidad de que los entes obligados acudan a la instancia judicial para revertir las resoluciones del órgano garante favorables al acceso a la información, obedece a varias razones, entre las que se encuentran: a) la posición de los entes obligados al cumplimiento de la LAIP es diferente a la que tienen los particulares, como titulares de derechos públicos subjetivos oponibles al Estado, en contra de un acto nacido en una relación de supra- subordinación; b) vuelve inadecuada la estructura orgánica elegida por el legislador para garantizar que los sujetos obligados resulten conminados a otorgar la información pública solicitada por los ciudadanos; c) desnaturaliza el “principio de máxima publicidad” establecido a favor de la apertura de información; y d) torna ineficaz la protección del derecho fundamental a la información pública, pues implica agregar una instancia jurisdiccional que viola los principios de sencillez y prontitud, y amplía el plazo de respuesta.

En armonía con lo anterior, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de México, considerada como la mejor del mundo, establece que “las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados”, y refuerza que son los particulares quienes podrán impugnar las resoluciones ante el Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con los estándares internacionales de transparencia ningún ente público debe estar al margen del cumplimiento de la ley de acceso a la información de cada país, por eso es importante destacar que nuestra LAIP haya incluido como sujetos obligados, sin excepción, a todos “los órganos del Estado, sus dependencias, las instituciones autónomas, las municipalidades”, entre otras entidades.

Por último, si bien es fundamental contar con una buena ley y un diseño institucional de protección al derecho de acceso a la información pública, otro elemento significativo para ganar la batalla por la transparencia es la práctica real de los sujetos obligados.

Ningún organismo del Estado puede ser su propio árbitro para decidir si las resoluciones del órgano garante favorables al acceso a la información le son vinculantes u obligatorias. Pretender que así sea constituye un claro retroceso en la transparencia de la gestión pública que es un componente fundamental del ejercicio de la democracia, según la Carta Democrática Interamericana.

Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública

Twitter: @jaimecamppos                    

 

(3) Comentarios

Marck 2017-04-10 19:17:46

y de que sirve que sea de las mejores del mundo si la pisotea el órgano judicial?

Marck 2017-04-10 19:13:47

y de que sirve que sea de las mejores del mundo si la pisotea el órgano judicial?

¿Y EN CASO DE DISPUTA, QUIEN DECIDE? 2017-04-10 11:08:02

¿LOS PARTIDOS POLÍTICOS? ¿QUIÉN PREPARÓ LA LISTA CON EL SALV EN 7o. lUGAR? QUÉ ¡BUENOS SOMOS!

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