La Fiscalía General de la República (FGR) reconoce que no tiene experiencia interviniendo comunicaciones profesionalmente. Es por esto, que aliarse con países que tienen experiencia para que les capaciten es la clave

El Fiscal General, Romeo Barahona, tiene en sus manos las piezas desordenadas de un rompecabezas que se llama “Ley de Intervención de las Comunicaciones”. Admite que nadie al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) posee experiencia profesional para hacerlo y que por eso es de vital importancia aliarse con otros países, que ya cuentan con esta herramienta de investigación, para solicitar apoyo.

La primera pieza sobre la mesa es la formación de comisiones: la financiera para presentar un presupuesto al ministerio de Hacienda y la operativa para que elabore una propuesta de equipos a adquirir.

Cauteloso y prudente, Barahora tiene confianza en que la nueva herramienta les ayudará a apotar más pruebas en las comisiones de delitos graves en el país. Este es su primer encuentro con los medios de comunicación luego de la aprobación de la ley, y sus primeras apreciaciones sobre el trabajo que le espera.

¿La Fiscalía tiene fondos para echar a andar la legislación que se aprobó ayer?

La ley aprobada establece que debe de haber una asignación presupuestaria por el ministerio de Hacienda para la implementación de esta ley. Además, tenemos el ofrecimiento de la cooperación internacional, quiénes nos darán ciertos fondos para la parte tecnológica. Y cuando estuve en Canadá tuve un ofrecimiento para capacitación. Pero todo esto va a depender de la naturaleza del equipo que licitemos y adquiramos, así tenemos que arrancar con las capacitaciones.

¿Cómo ve las intenciones del Presidente de la República, Mauricio Funes, de solicitar apoyo internacional si es necesario?

Esto viene a coadyuvar a los recursos nacionales como los de la cooperación internacional (que ya se ofreció). Si eso se dá, esa conjunción de esfuerzos, podemos tener un equipo con tecnología de punta para que tengamos una buena técnica de intervención de las telecomunicaciones.

Según la ley, para la creación del centro es necesario un reglamento. ¿A quién se va a delegar para que lo elabore y en cuánto tiempo puede estar listo?

Para el reglamento, voy a nombrar a cierto personal de la institución... que hay cierto personal que trabajó en uno de los anteproyectos de ley para que trabajen en ese reglamento.

¿Ya cuenta con algún perfil o nombre específico para la dirección del centro?

La ley aprobada ayer por los señores diputados ya establece los perfiles para el director del Centro de Intervenciones... con cierto período en la institución, debe ser una persona mayor de 35 años, no antecedentes penales o policiales, que tampoco tenga faltas disciplinarias. Lo mismo para el personal que se me va a proponer, tiene que venir con ese tipo de perfiles acá... que son también no antecedentes penales o policiales, que tengan cierto período en la institución, que no tengan faltas disciplinarias. Y a parte de eso, otras situaciones de probidad que nosotros en su momento las podemos incorporar en el reglamento.

¿Pero ya maneja nombres?

Estamos viendo candidatos, no podría manejar nombres porque sería irresponsable de mi parte decir nombres... cuando primero tenemos que ver si llenan los requisitos, tenemos que hacer las investigaciones de los perfiles que ya la ley establece.

¿Maneja algún número previo de la cantidad de personas que va a necesitar para el centro?

El número lo podríamos manejar, pero eso va a depender del equipo que adquiramos. Eso va a depender mucho, allí veremos qué personal necesitamos, las instalaciones, el mobiliario y todo lo que va ayudar a operativizar el centro de intervenciones. Pero ahoria no puedo dar números porque todo va a depender... voy a nombrar una comisión para la parte financiera y otra para la parte operativa para ver cuáles son los requisitos, con qué tipo de asignación contamos , qué tipo de equipo queremos adquirir, cuánto personal vamos a necesitar, qué logística vamos a necesitar... todo eso lo vamos a ver con las comisiones que vamos a nombrar.

En vista de los casos que llevan las unidades especializadas donde se ha requerido de algunos componentes de pruebas como las bitácoras de llamadas. ¿Usted tomaría en cuenta a los fiscales que trabajan con este tipo de pruebas más tecnológicas?

Sí, puede ser tomado en cuenta. Pero aquí quiero ser bien objetivo, nadie tiene experiencia en esto en la Fiscalía. Porque lo que usted me ha planteado es sólo requerir bitácoras de llamadas, números telefónicos... pero experiencia en sí en lo que es un centro de intervenciones en el país, nadie la tiene. Partimos todos de cero, por eso es importante la capacitación que vamos a recibir de acuerdo al equipo que vamos requerir.

¿Ha previsto dónde se puede instalar el centro de intervenciones y cómo se va a organizar la capacitación de los fiscales... e incluso a jueces?

Sí,en lo personal yo considero que los juzgadores tienen que saber cómo opera el centro de intervenciones, porque ahorita hay un desconocimiento de parte de todo el sistema de administración de justicia penal cómo opera un centro de intervenciones. Va a ser bien importante que ellos vean fìsicamente, “in situ”, cómo opera un centro de intervenciones. En cuanto al local, eso va incluído en lo que nosotros vamos a requerir en nuestra asignación presupuestaria para operativizar el centro de intervenciones. Porque no sólo es la adquisición del equipo, no sólo es también el personal que va a estar allí... si bien es cierto que va a haber personal fiscal y policial, también vamos a requerir de apoyos administrativos y de mobiliario y equipo para la administración del mismo.

¿Y usted va a solicitar un monto deteminado al ministerio de Hacienda?

Eso lo vamos a hacer de acuerdo a los estudios y a las experiencias de otros países, las recomendaciones que nos hagan, vamos a ver qué equipos podemos requerir, qué capacidad de equipos y el origen del mismo.

¿O sea que ustedes van a llevar una propuesta de presupuesto?

Sí, claro. Es una cifra presupuestaria en cuánto estimamos el costo del equipo, en cuánto estimamos la contratación del personal, la infraestructura y lo demás que va a ser de logística para que funcione el centro.

¿Se tiene algún monto preliminar?

No quisiera decirlo porque sería irresponsable, porque no sabemos con qué tipo de tecnología nosotros queremos funcionar. Tenemos que hablar con las operadoras para saber cuál es el sistema que va a ser más compatible para que el centro de intervenciones funcione adecuadamente.

¿Ha previsto contratar más fiscales, para que puedan estar trabajando directamente con el centro de intervenciones?

La ley ya nos da un perfil del tipo de persona que debe estar, que no va a ser un personal nuevo, sino cierto personal con cierto años de permanencia en la institución. Además de los requisitos como probidad y la falta de antecedentes de la persona.

¿Cómo garantizarían como Fiscalía que esta prueba tecnológica pueda ser tomada en cuenta en los juicios dado que acá en el país ya existen pruebas como vídeos, fotografías que de alguna forma son relegadas por los jueces porque no han cumplido con requisitos específicos para ser aceptados como prueba?

Antes no teníamos una legislación, tuvo que haber existido... se dio un acuerdo de reforma constitucional, se ratificó, ya tenemos una ley vigente que faculta para hacer intervenciones en los casos permitidos por la ley. Esa intervención no va a ser “Ipso facto”, no a va ser antojadiza. Tiene que haber en primer lugar, una denuncia en la sede fiscal; segundo, tiene que ser racional; tercero, tiene que ser de utlidad y coadyuvante con otras técnicas de investigación y cuarto, que el medio de comunicación esté siendo utilizado para la comisión de un hecho que la ley tipifica como delito. No todos los delitos podrán ser investigados con intervenciones, sino que los delitos que el legislador estableció en la misma ley.

¿Ya se priorizaron los lugares donde pueden empezar a intervenir las telecomunicaciones, como en el caso de los centros penales, desde donde se planifican delitos?

No, no lo podemos hacer por zonas, sino cuando ya se tienen los requsitos previos para solicitar una intervención. No se puede hacer con base a una situación que tengamos conocimiento de que allí se está cometiendo “x” delito, sino que tiene que existir una investigación en sede fiscal y que se esté cometiendo un delito... y qué clase de delito, si está enmarcada dentro de las que estableció el legislador.

En el país ya han existido clandestinamente las intervenciones telefónicas... ¿Qué medidas va a tomar la Fiscalía en esto?

Si alguna persona está utilizando este tipo de técnicas, y no siendo una autoridad competentes, la ley establece sanciones. Hay una disposición que establece sanciones de cuatro a diez años para la persona que esté haciendo intervenciones ilegales, y no necesariamente tienen que ser personas que estén dentro del centro de intervenciones.

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