La recién designada directora del Consejo de Política Interna, Cecilia Muñoz, dijo en conferencia de prensa en Washington DC que las cifras no son definitivas porque el departamento de seguridad nacional (DHS) aún revisa los antecedentes criminales de inmigrantes no encarcelados por autoridades federales en esas dos ciudades.

Un día después de conocerse la petición del gobierno para cancelar unas 1,600 órdenes de deportación, la Casa Blanca dijo el viernes que la recomendación para anular 14% de los 11,682 casos de expulsiones en Denver y Baltimore es un porcentaje que podría aumentar o disminuir porque el programa piloto aún no ha terminado.

"No comenzamos con una idea cierta de qué porcentaje iba a ser (el de deportaciones canceladas). No se puede saber con anticipación, es algo para decidir caso a caso", dijo. "Si esto llegara a ser el resultado en todo el país estamos hablando de 40 mil personas cuyos casos serán cerrados, pero no sabemos si eso será así".

Reporte exclusivo

Un funcionario de DHS compartió el jueves con The Associated Press los resultados preliminares tras revisar casos en Denver y Baltimore, un programa piloto que forma parte de una promesa del presidente Barack Obama de enfocar los esfuerzos de deportación en personas que, además de encontrarse sin permiso en la nación, fueran delincuentes y representaran una amenaza a la seguridad nacional o pública.

Muñoz también indicó que las personas cuya deportación ha sido cancelada tienen la posibilidad de obtener un permiso de trabajo, pero "no hay garantías".

El legislador demócrata Luis Gutiérrez, quien ha cabildeado intensamente para que la Casa Blanca ejerza mayor discrecionalidad sobre las personas a ser deportadas, expresó su beneplácito por la ejecución del plan piloto, pero señaló la necesidad de tener más "claridad sobre qué pasa a un individuo una vez que su caso es cerrado, porque tienen que ser capaces de trabajar y mantener a su familia".

"Si la primera revisión muestra que casi una de cada seis personas que estamos deportando es una persona con vínculos comunitarios y familiares, y una historia larga en Estados Unidos, obviamente necesitamos incrementar el proceso de sacarlos de la lista de deportación", agregó.

Récord de deportaciones

Desde que asumió el poder el 20 de enero de 2009, la Administración Obama ha roto todos los récords de deportaciones registradas en Estados Unidos.

En el año fiscal 2010 la cifra sobrepasó los 392 mil expulsados y durante el año fiscal 2011 el número de deportados sobrepasó los 397 mil.

El gobierno de Obama asegura que la mayoría de los deportados tenían antecedentes criminales serios, pero organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, entre ellos el Foro Nacional de Inmigración (NIF) y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA) sostienen que entre seis y siete de cada 10 extranjeros expulsados por el gobierno no tenían antecedentes criminales serios que los convirtiera en un peligro para la seguridad nacional de estados Unidos.

Durante una conferencia telefónica organizada por la organización proinmigrante America's Voice, activistas se mostraron el viernes a favor de que el programa piloto haya comenzado, pero expresaron su preocupación por la lentitud en el avance de la revisión, por el incremento en el riesgo de estafas debido a la falta de información pública, y por la inexistencia de una solución jurídica definitiva para las personas cuyas deportaciones fueron canceladas.

Rechazo republicano

Críticos de la revisión y política de discrecionalidad han dicho que el presidente Obama está eludiendo al Congreso para cambiar las políticas de inmigración.

En noviembre del año pasado el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, controlado por republicanos, aprobó una medida que obligó al DHS a entregar una lista con los nombres de unos 300 mil casos de deportación que quedaron pendientes el 18 de agosto cuando el gobierno anunció que revisaría su política sobre el tema.

El Subcomité para Política Migratoria de la Cámara de Representantes decidió emitir una orden de forzoso cumplimiento para que el DHS entregue el listado de los miles de inmigrantes con antecedentes criminales o sin autorización para residir en el país que fueron detenidos pero cuya deportación no se gestionó, por el cambio de política anunciada por el DHS.

Los siete miembros republicanos del subcomité del Comité Judicial, liderados por Lamar Smith, votaron a favor de emitir la orden, mientras que los cuatro demócratas votaron en contra.

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