El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó hoy una demanda civil ante un tribunal federal contra el controvertido sheriff Joe Arpaio y su oficina en el condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona, por discriminación y otras prácticas "inconstitucionales" contra latinos.

"La policía debe proteger y servir a la comunidad, no dividirla", afirmó el fiscal general adjunto para Derechos Civiles, Thomas Perez, al anunciar la demanda en rueda de prensa en Phoenix.

"En el fondo, éste es un caso de abuso de poder por parte de un sheriff y su oficina, que despreciaron la Constitución, ignoraron prácticas policiales sanas, comprometieron la seguridad pública y no dudaron en tomar represalias contra los que consideraban que les criticaban", agregó.

"El mantenimiento del orden constitucional y efectivo van de la mano", insistió el fiscal estatal.

La decisión de acudir a los tribunales fue adoptada, explicó Pérez, después de "agotar todos los esfuerzos" por llegar a una solución consensuada y cuando el Departamento de Justicia "no tuvo más opciones" que seguir la vía judicial.

La demanda era algo que de hecho se veía venir en vista del endurecimiento de la retórica por parte de Arpaio, que gusta denominarse el "sheriff más duro" de Estados Unidos y que se ha convertido en un símbolo de las prácticas más controvertidas contra inmigrantes -indocumentados o no- en todo el país.

Arpaio llevaba siendo investigado desde 2008 por el Departamento de Justicia ante las sospechas de que practicaba la discriminación por motivos raciales y culturales durante su gestión en el condado de Maricopa, uno de los más activos en la detención de indocumentados en los estados fronterizos con México del país.

De hecho, Arpaio es uno de los principales defensores -e implementadores- de la dura ley migratoria de Arizona SB1070 que ahora está siendo revisada por la Corte Suprema, y llegó a crear una zona especial para albergar a los indocumentados detenidos en la también polémica cárcel en tiendas de campaña ("Tent City") que mantiene en su condado.

En diciembre del año pasado, el Departamento de Justicia presentó un informe afirmando que tenía pruebas suficientes para asegurar que Arpaio ha mantenido durante años un patrón de conducta "discriminatorio" contra los latinos.

Consecuentemente, le dio varias semanas de plazo a su oficina para llegar a una solución negociada que, entre otros, preveía una serie de reformas de las prácticas de sus agentes y que establecía el envío de un supervisor independiente que monitoreara el proceso.

Ello sin embargo fue rechazado por Arpaio, motivo por el cual el Departamento de Justicia presentó hoy la demanda.

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