La Corte Suprema anuló el jueves la disposición de Zelaya de despedir al jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, general Romeo Vásquez, a quien cesó en sus labores por no acatar una orden de tipo político.

La tensión creció ayer en Honduras. Fue cuando el presidente Manuel Zelaya dijo que no acataría una disposición de la Corte Suprema de Justicia de restituir a un jefe militar despedido por negarse a distribuir urnas para una consulta popular sobre la reforma de la Constitución. La medida del mandatario profundiza una crisis de poderes en este país centroamericano.

"No haremos caso a la Corte Suprema, que nunca ha resuelto los grandes juicios que afectan al país. Esa Corte no hace justicia y es una vergüenza para los hondureños'', dijo Zelaya en un discurso en la plaza Libertad, contigua a su despacho, donde se congregaron más de 2 mil simpatizantes. "Y ahora la Corte, que solo hace justicia a los poderosos, ricos y banqueros, causa problemas a la democracia y declara ilegal la participación del pueblo en una encuesta legítima y popular garantizada por el derecho inalienable del pueblo'', aseguró.

La Corte Suprema anuló el jueves la disposición de Zelaya de despedir al jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, general Romeo Vásquez, a quien cesó en sus labores por no acatar una orden de tipo político. La determinación la adoptaron de manera unánime los 15 magistrados de la Corte Suprema, a la cual la fiscalía había pedido pronunciarse sobre el caso. El alto tribunal calificó de "arbitraria'' la medida del mandatario.

Zelaya despidió la noche del miércoles a Vásquez por negarse a apoyarlo en una consulta popular que tiene previsto realizar el domingo en un intento por reformar la Carta Magna, que apunta a aprobar la reelección presidencial.

Pero Vásquez se negó a acatar la noche del miércoles la disposición presidencial y Zelaya lo destituyó, tras aceptar la renuncia también de su ministro de Defensa, Edmundo Orellana, por presuntamente hacer lo mismo. En solidaridad con Vásquez, dimitieron además los comandantes del Ejército, Miguel García Padgett; de la Fuerza Aérea, Luis Javier Prince, y de la Fuerza Naval, Juan Pablo Rodríguez.

Zelaya también calificó de "bárbaros'' a los legisladores, que en su mayoría rechazan su iniciativa. E instó a los jefes militares a "no prestarse al juego de las oligarquías de Honduras, ni hacer caso a los ricos, porque así no saldremos adelante y los soldados son del pueblo y deben defender mi gobierno''.

Anunció además que, a pedido suyo, el Consejo Permanente de la OEA se reunirá hoy en Washington para conocer la crisis que enfrenta el país. Zelaya fue interrumpido con vítores y aplausos por la multitud, a la que pidió acompañarlo a un lugar que no especificó, pero que después se supo que era la base aérea del aeropuerto internacional Toncontín de Tegucigalpa. Allí Zelaya tiene depositado todos los materiales que usará en la consulta del domingo, que el Tribunal Electoral ordenó decomisar a la fiscalía.

El presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera, argumentó que al general Vásquez se le "violaron sus garantías constitucionales y debe asumir de nuevo el puesto".

En la consulta del domingo se preguntará a los hondureños si están a favor o no de "una cuarta urna" en las elecciones generales del 29 de noviembre, para instalar en 2010 una Asamblea que reforme la actual Constitución, vigente desde 1982. La consulta es considerada ilegal por sectores políticos conservadores, empresariales, medios de difusión, la Corte Suprema, el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral.

Zelaya concluirá su mandato el 27 de enero de 2010 y su iniciativa de reformar la Constitución, apoyada por organizaciones obreras, campesinas, indígenas y otros sectores, apunta también a instaurar la reelección presidencial.

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