La Coordinadora de Cooperativas del Centro Histórico de San Salvador pretenden recuperar 21 edificios públicos para construir condominios habitacionales.

Cuartos construidos con láminas enmohecidas y troncos de madera roídos por las ratas; pisos de tierra en donde fluyen las aguas residuales, poca agua potable y una o dos letrinas de fosa que son compartidas por todos los inquilinos: así es como viven cientos de familias en los antiguos mesones ubicados en los barrios del Centro Histórico de San Salvador.

Pequeñas piezas que a veces no pasan de los tres metros de largo -y en donde apenas entra la luz y la ventilación- son testigos del hacinamiento en el que habitan grupos familiares de hasta seis integrantes. Los limitados recursos económicos de los habitantes de dichos inmuebles -la mayoría comerciantes del sector informal- los han obligado a vivir por muchos años en esas condiciones, pero ya quieren acabar con eso, aseguran. Por esa  razón se han abocado al Gobierno de Mauricio Funes para que les extienda una mano.

El pasado 3 de octubre la Coordinadora de Cooperativas del Centro Histórico de San Salvador -que aglutina a los barrios La Merced, Santa Lucía, Concepción y San Esteban- presentó al Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, Edín Martínez, un documento en el que le solicitan al Estado que les otorgue 21 inmuebles públicos, que permanecen abandonados desde el terremoto de 1986,  y que les facilite el financiamiento para poder convertirlos en viviendas “dignas”.

A casi un mes y medio desde que  la organización presentó la petición todavía no ha obtenido respuesta. No obstante, han decidido que visitarán el despacho de Martínez en busca de la contestación. 

“Tenemos la esperanza de que este nuevo Gobierno atienda nuestra petición, vimos al  señor Viceministro interesado en ayudarnos. Quedó de llevar el caso ante el consejo de ministros y también contamos con el apoyo del diputado del PDC, Mauricio Rodríguez”, expresa Yanira Torres, presidenta de la Coordinadora.

Los estragos dejados por la tormenta Ida cambian el panorama

Las expectativas de que el Gobierno accederá a la solicitud son favorables entre los agremiados a las cooperativas de los barrios citadinos en cuestión. Sobre todo porque se amparan en el artículo 104 de la Carta Magna. Dicho numeral reza que los bienes inmuebles propiedad del Estado podrán ser transferidos a personas naturales o jurídicas dentro de los límites establecidos por la ley.

Sin embargo, los representantes de la Coordinadora son conscientes de que debido a las secuelas dejadas por la tormenta Ida a su paso por el país -que causó la muerte de 194 personas y dejó sin hogar a más de 14 mil salvadoreños- el panorama podría cambiar, puesto que las víctimas del fenómeno natural se convertirían en la prioridad del Gobierno.  

“Sabemos que las víctimas de la tormenta también necesitan ayuda, pero nosotros seguiremos insistiendo. Estamos viviendo como animales desde hace muchos años y ya deseamos y necesitamos tener una casa digna”,  señala Torres.

El Plan ‘B’

De acuerdo con la presidenta de la mesa coordinadora de la Asociación Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua del Centro Histórico de San Salvador, Dolores Sarmiento, en total serían 550 familias (250 afiliadas a las cooperativas, más otras 300 que están en proceso de organizarse) las beneficiadas de llegar a aprobarse la transferencia de inmuebles de parte del Estado.

Algunos de los edificios que  se han solicitado son los ex cines Libertad, Izalco y Apolo. También el de la Lotería Nacional de Beneficencia, el de la Administración de Acueductos y Alcantarillados, el del Consejo Salvadoreño del Café.

Si los solicitantes no consiguen el aval del Estado para hacerse de una vivienda que reúna las condiciones mínimas de decencia, manifiestan que tocarán las puertas de la empresa privada y de organizaciones no gubernamentales del  extranjero.

“Si el Estado nos da el terreno pero no el financiamiento para fabricar nuestras viviendas optaríamos por pedir ayuda a la empresa privada o fuera del país. Nosotros estamos dispuestos a ser constructores de nuestras propias casas, que nos den el material y vemos cómo las hacemos”, asegura Sarmiento.

La representante señala que hasta la fecha no tienen una cifra oficial del dinero que necesitarían para edificar sus domicilios. Sin embargo, calcula, someramente, que cada hogar costaría 20 mil dólares, restando la mano de obra pues ellos serían sus artífices.

Viviendas dignas o reordenamiento de la ciudad

El tema de la posible transferencia de terrenos estatales a los habitantes de los mesones del centro de San Salvador ha generado  ‘competencias’ entre los peticionarios y la comuna capitalina, administrada por Norman Quijano.

El alcalde también le ha solicitado al Gobierno de Funes que le otorgue  terrenos públicos como pago de una deuda que supera los 10 millones de dólares. La idea de Quijano es convertir los inmuebles deshabitados en centros comerciales en donde se concentre a los vendedores del sector informal. Con ello se despejarían las arterias del Centro Histórico y se lograría reordenar la capital.    

La Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (Fundasal) es de la idea  de que el Gobierno debería darle prioridad a la solicitud de vivienda hecha por los residentes de los barrios del Centro Histórico. 

La institución, que ha brindado apoyo legal e investigativo a las cooperativas, ha reiterado que las condiciones en las que viven cientos de familias que no poseen una casa digna los pone en riesgo físico y social.   

“La salud de esta gente corre peligro, hay hasta 11 familias que viven en 300 varas cuadradas, deben enfrentar a diario el hacinamiento y ni siquiera tienen garantizados los servicios básicos”, advierte Ana Silvia Síntigo, Coordinadora de la Unidad Ejecutora del Centro Histórico, de Fundasal.

Para la especialista, la construcción de viviendas en altura (edificios) es la solución al problema habitacional en El Salvador. Esa es, según dice, una buena forma de hacer uso racional del espacio, por lo que espera que el Estado les conceda los terrenos a los capitalinos.

Síntigo considera que mejorar el hábitat de estas personas haría que el aspecto de la ciudad  se viera más ordenado, que es una de las promesas de campaña que hizo Quijano cuando competía por la silla edilicia. Sin embargo, ella cree que todavía hace falta despolitizar el tema y entender que es urgente solucionar un  problema que ya lleva muchos años.

Por su parte, el gerente de la Unidad de Revitalización del Centro Histórico de la alcaldía de San Salvador, Antonio Osegueda, reitera que la municipalidad no tiene una posición de competencia con los habitantes de los mesones.

“Nosotros no nos atribuimos el derecho de decidir cuál edificio es habitable o no. Le corresponde al Viceministerio de Vivienda, a Obras Públicas y a otras instituciones del Estado decidir eso. Nosotros sabemos que los únicos espacios de los que podemos disponer son los de la comuna”, dice Osegueda.

El funcionario edilicio va más allá y señala que el centro de San Salvador ha dejado de ser un atractivo para vivir. Por el contrario, agrega, la gente lo que hace es emigrar hacia otros lugares para huir de problemas como el tráfico vehicular y los promontorios de basura.

 “En los últimos incendios que se dieron en los negocios ubicados en el Centro Histórico hubo problemas por la accesibilidad al lugar y porque había hasta escasez de agua, por esa razón no sería conveniente que los edificios se pudieran habitar”, agrega.

La representante de Fundasal matiza que está bien que la alcaldía de San Salvador busque solucionar el problema del comercio informal, pero también ve necesario que “se les dé viviendas dignas a quienes ahora  viven como animales”.

“Recuperar el Centro Histórico es responsabilidad de todos y se necesita el trabajo de muchas instituciones, tanto públicas como privadas, la idea es que ganemos todos”, apunta Síntigo.

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