La oposición critica que no se cuenten con los fondos para ejecutar todas las medidas que ha propuesto el Ejecutivo

 La ejecución de la nueva política de seguridad pública del Gobierno podría demandar que varios cuerpos de ley sean reformados. Así lo ven ahora los grupos parlamentarios dentro de la Asamblea Legislativa, luego de que el Presidente de la República, Mauricio Funes, se reuniera con los jefes de los partidos y les presentara la política.

En la lista se encuentran la creación de la Ley del Instituto de Ciencias Forenses, la aprobación de la Ley de Intervención de las Comunicaciones, las reformas a las leyes del Menor Infractor y Penal Juvenil, así como la del Crimen Organizado.

El diputado del Partido de Conciliación Nacional (PCN), Antonio Almendariz, es de la opinión que cualquiera de las propuestas no debe verse únicamente bajo la lupa política, sino desde el nivel de aporte que puedan tener al combate de la delincuencia.

Sostiene que su partido ve con buenos ojos que dentro de la política se haya incluido la propuesta de acuartelar a los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), pero añade que también es necesario depurar a los elementos de la corporación para lograr resultados.

Mauricio Rodríguez, diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), agregó que dentro del proceso de depuración también se debe incluir al personal de los centros penales, a quienes se les ha comprobado –en muchos casos- su participación en la comisión de delitos.

“Y no sólo basta con depurar los centros penales, también es necesario que se entregen más recursos para que puedan mejorar los salarios de los trabajadores, capacitarlos y adquirir equipo técnico para apoyar la seguridad de las cárceles”, expresó Rodríguez.

Para Walter Guzmán, legislador del movimiento GANA, una de las propuestas que debe ser apoyada es la de incrementar la pena máxima para los menores infractores, de siete a 15 años. Sobre todo porque las pandillas los están utilizando para cometer delitos.

“Vemos bien que la jueza Aída Santos de Escobar, ahora presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), esté a favor de la propuesta, cuando antes era una de las que más se oponía”, dijo Guzmán.

Pero hay otros diputados que no sólo analizan su aporte desde el primero órgano del Estado, sino que hacen una fuerte crítica a la falta de financiamiento que se observa en la presentación que les hiciera Funes para ejecutar el plan en lo inmediato.

Uno de ellos es el legislador de ARENA, Ernesto Angulo, quien consideró que el plan no está diseñado para dar resultados inmediatamente, tal y como lo demandan las condiciones de inseguridad y delincuencia que se vive.

“No hay dinero para llevarlo a cabo y, por tanto, no va a dar resultado inmediatamente. ¿A cuál plan es al que se le han hecho ajustes, cuál plan han modificado? El pueblo está esperando resultados inmediatos”, sentenció.

ARENA también cree importante que se adquieran más radio patrullas para la PNC, más equipos para las unidades élites y más presencia de los mandos medios en las calles para hacer efectivo el plan.

Por último, el FMLN se mostró prudente en la ejecución del proyecto de Funes. Pero reconoció que no hay suficientes fondos para llevarlo a cabo. Es más, creen que será necesario recurrir a préstamos internacionales y apoyo con organismos multilaterales para sostenerlo en el tiempo.

“No estamos nadando en dinero, todos tenemos que bolsearnos (en referencia a la propuesta de Antonio Cabrales, presidente de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). Pero se necesitan algunos préstamos para modernizar el Sistema de Emergencias 911”, aceptó el parlamentario Benito Lara.

Los grupos parlamentarios esperan que el Ejecutivo les envie el listado de reformas a cuerpos de ley para que las comisiones respectivas las puedan analizar.

Enviar a un amigo

Imprimir

Compartir