Para la iglesia lo priopritario es impulsar programas de prevención y rehabilitación de menores.

La iglesia católica salvadoreña no está a favor ni en contra del veto presidencial  a la reforma de la Ley Penal Juvenil que incrementaba a 15 años la pena máxima para los menores entre 16 y 18 años que cometan homicidios, extorsiones, fuga de centros preventivos, acciones de peligro para el interés colectivo y hechos de conmoción social y daños a víctimas y testigos.

Actualmente los menores solo pueden ser juzgados a un máximo de siete años de internamiento.

Según el arzobispo de la Arquidiócesis de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, El Salvador tiene que ser respetuoso de los tratados y convenio internacionales firmados, pero también tiene que evaluar la situación nacional, por lo que debe hacerse una análisis profundo, sincero y consciente.

Por lo anterior los diputados, que han manifestado ya su intención de superar el veto del presidente Mauricio Funes, deben tomar una decisión muy consciente y no con fines políticos y partidarios, dijo el jerarca.

 Para el religioso, independientemente de la decisión que vayan a tomar los diputados, se hace necesario que las autoridades salvadoreños destinen más fondos para programas de prevención y rehabilitación de menores infractores.

 Si se endurece la ley, también hay que apostarle a la prevención y  a la rehabilitación de estos jóvenes añadió.

 Asimismo opinión que si los diputados superan el veto deben hacer planteamientos concretos de planes para ayudar a los jóvenes.

El martes anterior, el presidente Funes envió el veto a la Asamblea por considerarlo inconstitucional  y porque viola la Convención sobre los Derechos del Niño, así como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia a Menores y las Reglas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, suscritos por El Salvador.

 Según Funes, jueces y magistrados de menores fueron consultados por una comisión integrada por el viceministro de Justicia y Seguridad, Henry Campos; la presidenta de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, Aída Santos de Escobar; y el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, Jaime Martínez.

El mandatario no consultó a los sectores civiles ni al los empresarios, que en mayoría se pronuncian a favor del endurecimiento de las leyes contra los menores que cometen delitos graves.

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