Asegura que los organismos internacionales ya han argumentado que nuestro país cumple todas las condiciones para ser el estado 111 miembro de la Corte Penal Internacional

El FMLN volvió a presionar hoy al Presidente de la República, Mauricio Funes, para El Salvador se adhiera al Estatuto de Roma, el documento que da vida la Corte Penal Internacional (CPI) que es donde se juzgan los delitos y crímenes de lesa humanidad.

El partido presentó una pieza de correspondencia donde le recomienda a Funes que envie la petición de adhesión al estatuto, para que El Salvador pueda acudir a esa instancia parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Aunque el ministerio de Relaciones Exteriores en El Salvador ya inició un proceso de consultas sobre el tema, Funes ha sido claro en decir que no es su prioridad suscribir el documento.

El diputado farabundista, Sigfrido Reyes, valoró que dentro del proceso de consulta se haya podido escuchar los argumentos de la Fiscalía General de la CPI, miembros del Comité Jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA), Coalición Internacional por la CPI

“Todas las ponencias de ellos apuntan a que El Salvador debe ser parte de ese sistema de justicia, que es complementario a nuestra justicia nacional. La CPI no sustitutye a nuestro sistema de justicia, sino es una extensión del mismo en circunstancias donde nuestra justicia se vea imposibilitada o no tenga condiciones para hacer justicia”, dijo Reyes.

El FMLN ya ha descartado en varias oportunidades que la adhesión al documento tenga como finalidad perseguir o procesar a los que cometieron crímines durante la guerra civil de la década de los años 80, porque el estatuto no es retroactivo.

El legislador efemelenista, Jorge Shafick Hándal, reiteró que la CPI empieza a juzgar o a tomar parte en la justicia de un país, a partir de que éste firma el documento. No antes de ello, porque no es retroactivo.

“Resulta que la CPI no es una Corte extranjera; es una extensión del sistema judicial porque los países se incorporan. No hay un pacto o un tratado. Si cometen el delito en el margen de la CPI, esta los podrá juzgar como una extensión de la justicia salvadoreña”, añadió Hándal.

En ARENA ven el tema con más cautela y consideran que el país debe seguir analizando la conveniencia o no se adherirse, porque no está claro si hay delitos que pueden tener vigencia evolutiva en el tiempo.

La diputada tricolor, Margarita Escobar, dijo que es importante analizar si “una interpretación evolutiva de los derechos humanos y, lo que se llama un delito continuado. Para saber si a través del tiempo un delito cometido antes de la adhesión de un estado, podría llegar a la CPI”.

Para el PDC, adherirse al documento en un salto democrático que El Salvador debe dar. Así, se cerrarían todos los capítulos de crímenes de lesa humanidad que si dieron en décadas pasadas y evitar que vuelvan a suceder.

“Algunos creen que al adherirse al estatuto se van a reabrir los casos embleméticos como el de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y los Sacerdotes Jesuitas, pero no es así. Creo que El Salvador debe dar pasos firmes en su proceso de democratización para que delitos de lesa humanidad no vuelvan a ocurrir”, dijo el pedecista, Mauricio Rodríguez.

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