El 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría; los sacerdotes de la misma nacionalidad Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López y López.

La abogada Almudena Bernabéu, que representa la acusación popular en la Audiencia Nacional española por el asesinato de seis jesuitas en El Salvador en 1989, denuncia que jueces de la Corte Suprema salvadoreña están dilatando el proceso judicial.

En una entrevista con la Agencia Efe en Salamanca, España, Bernabéu afirmó que los miembros de este órgano judicial de El Salvador -uno de ellos abogado de un acusado- están divididos después de que el juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco les haya reclamado la dirección de los imputados en la causa abierta por los asesinatos de los jesuitas.

El 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría; los sacerdotes de la misma nacionalidad Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López y López.

Junto a los jesuitas fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.

Por este crimen ya fueron juzgados en El Salvador, en 1991, una decena de militares, pero solo dos de ellos fueron a prisión, aunque quedaron en libertad después de la aprobación en 1993 de una Ley de Amnistía tras los acuerdos que pusieron fin a la guerra civil.

Sin embargo, la Audiencia Nacional española admitió a trámite en enero de 2009 una querella contra 14 militares salvadoreños acusados de los delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes.

Almudena Bernabéu, que trabaja para el Centro de Justicia y Responsabilidad de San Francisco (California, Estados Unidos), dirige el proceso penal en la Audiencia Nacional de España.

La querella, presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), se apoya en el principio de Justicia Universal, que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez español Baltasar Garzón.

Pese a esa posible dilación del proceso penal, la letrada dijo sentirse optimista por cómo se están investigando los asesinatos de los jesuitas, ya que "se va a saber la verdad, con más concreción, y se va a corroborar lo que ya se sabe que ocurrió".

También mostró su confianza en que la instrucción de este caso desvele "la verdad más concreta" de esas muertes y expresó su satisfacción por la línea investigadora que sigue el juez Velasco, aunque le gustaría que "fuera más rápida".

Este proceso judicial se basa, de forma fundamental, en el derecho a la justicia universal, un sistema que España modificó en mayo de 2009, dándole un carácter más restrictivo, ya que la Justicia sólo podrá entrar en aquellas causas que tengan una conexión nacional.

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