El decreto vetado por el presidente permitía condenar hasta a 15 años de internamiento a los menores de 15 a 17 años que cometieran delitos graves como secuestros, extorsiones, homicidios y otros.

Al presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena no le sorprende el asesinato del estudiante del INFRAMEN, Carlos Francisco Garay Granados, de 18 años, pues hechos de este tipo ocurren todos los días, explicó.

Así lo dijo la noche del este sábado el mandatario durante el acto de homenaje a monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa en la capilla Divina Providencia de San Salvador.

Sin embargo, al presidente si le preocupa que el fotoperiodista y otras personas que se ven en las fotografías no hayan intervenido para que el muchacho no hubiera sido asesinado por Jonathan Alexander Durán, alumno del INTI.

La Prensa Gráfica, en su edición de papel de este sábado asegura que el fotoperiodista no pudo intervenir porque se encontraba a unos 50 metros de donde se estaba dando la agresión y que el acercamiento de las imágenes se debe al lente de la cámara.

 Asimismo detallan que el fotoperiodista, quien además es socorrista  y especializado en primer auxilios, corrió a auxiliar al menor, que no obstante murió en el hospital Rosales, debido a las cuatro puñaladas que le dio su asesino.

 Al presidente también le preocupa que por la dimensión mediática que ha tomado el caso sirva para que los diputados sobrepasen el veto presidencial.

 Funes vetó la reforma que ampliaba las condenas para menores acusados de cometer delitos graves, de siete a 15 años, aduciendo que irrespeta los convenios internacionales y por ende es inconstitucional.

Para tomar la decisión del veto el presidente formó una comisión integrada por el viceministro de Justicia y Seguridad, Henry Campos; la presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), Aída Santos de Escobar;   y el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), Jaime Martínez.  De Escobar y Martínez son señalados por algunos sectores como funcionarios que favorecen a los menores infractores.

Los miembros de la comisión consultaron con jueces y magistrados de menores, pero no a representantes de la sociedad civil. El resultado de la consulta sirvió para que Funes vetara el decreto.

 Según el  presidente  hechos como el ocurrido el jueves no deben generar acciones irresponsables por parte de los diputados, al contrario deben evaluar lo que hagan porque si aprueban el decreto que incrementa las penas a los menores infractores, violarán la Constitución.

 El jueves pasado los diputados pidieron más tiempo para evaluar la posibilidad de superar el veto. Originalmente los diputados del PCN, ARENA y el FMLN habían decidido dar su votos para aprobar el veto con 64 votos.

Empero el PCN renuncio a esa intención y juntos ARENA y el FMLN no suman mayoría  calificada (54 votos).

 Son lamentables estos hechos, pero no deben conducir a tomar acciones irresponsables como aprobar un decreto inconstitucional que riña con los convenios  internacionales, dijo.

Enviar a un amigo

Imprimir

Compartir