Los diputados pidieron al Presidente de la República que haga buen uso de los militares para reordenar y mantener la seguridad de las cárceles de El Salvador

La Asamblea Legislativa decidió que la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) intervendrá los centros penales del país, sólo en casos de indisciplina de los internos, desórdenes colectivos, actos de desestabilización (amotinamientos), así como en requisas de las celdas y registros de reos y visitas.

La comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad logró reformar la Ley Penitenciaria para que el Presidente de la República, Mauricio Funes, disponga tanto de la FAES como de la Policía Nacional Civil (PNC) para colaborar, controlar y brindar seguridad a las cárceles.

“La Fuerza Armada sólo podrá emplearse en el manejo directo de los internos, dentro de las circunstancias previstas en el artículo 25-Bis de la Ley Penitenciaria o cuando las circunstancias lo ameriten”, reza el decreto emitido hoy con el aval de 64 votos.

Y el artículo referido remite a los artículos 23, 25 y 93 del mismo cuerpo de ley. Por ejemplo, en el 23 se explica que “En situación de fuerza mayor, caso fortuito, actos de indisciplina de los internos y desórdenes colectivos, actos de desestabilización como amotinamientos o motines, los directores de centros penitenciarios podrán declarar el estado de emergencia en el centro que dirigen o en algún sector determinado del mismo y suspender o restringir los derechos previstos en los numerales 6, 7, 8, 9 y 10 del Art. 9, por un plazo no mayor de quince días, decisión que estará sujeta a confirmación o revocación de la Dirección General de Centros Penales, en un término no mayor de doce horas. De tal confirmación, se debe informar por escrito o de cualquier forma, inmediatamente, al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la República (FGR)”.

Además, la FAES y la PNC podrán colaborar con la Dirección de Centros Penales en la “la reubicación de uno o varios internos por razones de urgencia, garantizándoles sus derechos; esto deberá comunicarse al juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena o al competente en su caso, dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas. La medida se mantendrá hasta que el Consejo Criminológico Regional se reúna y resuelva lo que corresponda sobre esa reubicación, lo que deberá hacerse en un plazo máximo de cinco días hábiles”, según el artículo 25.

Por último, se explican los casos de registros y requisas en el artículo 93: “Los registros en los internos, en sus pertenencias y celdas, se realizarán en privado, sin la presencia de otros internos. Las requisas en las instalaciones del establecimiento se efectuarán en forma periódica según se establezca reglamentariamente. En ambos casos, se respetará la dignidad de las personas”.

En favor de la medida

El Partido de Conciliación Nacional (PDC) siempre se opuso a que la FAES tuviera contacto directo con los reos, argumentando que los militares están entrenados para disparar y no para mediar en caso de amotinamientos, puso de ejemplo, el parlamentario Antonio Almendáriz.

“Seguramente desconocen las capacidades y limitaciones de la Fuerza Armada. Los que hemos estado allí sabemos cuáles son las limitaciones y una es que no están capacitados para el manejo de reos. Ellos tienen otra capacitación completamente diferente de la PNC y de los mismos custodios. En ningún cuartel se manejan reos”, expresó Almendáriz.

El partido de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) criticó el trabajo realizado hasta ahora por Douglas Moreno al frente de la Dirección de Centros Penales, llamándolo “inepto” por no saber explicar los planes para mantener el control de los penales en el país.

“No hay otra palabra para definir lo que está pasando en los centros penales. E           l llamado al Presidente de la República, en su calidad de Comandante General de las Fuerzas Armadas, le estamos dando la herramienta para que haya un clima de seguridad en los centros penitenciarios, que su flamante director no ha podido hacer”, sostuvo el parlamentario Erick Mira.

El FMLN consideró que la participación de la FAES en las tareas de seguridad y control debe ayudar también en la depuración del personal de custodios, denunciando a aquellos que colaboran para los reos en el cometimiento de delitos.

“Aquel personal encargado de la seguridad y la vigilancia se pueda depurar, aquellos que avisan, que han sido identificados para que se desconecten los bloqueadores. Aquellos que han introducido de manera ilegal droga, chips de teléfono y más”, apuntó el parlamentario farabundista Luis Corvera.

El grupo parlamentario de ARENA reaccionó ante las críticas surgidas de que las administraciones de gobierno anteriores también hicieron uso de la FAES para apoyar a la PNC y que tuvieron pocos resultados.

“Aquí se está poniendo a los gobiernos anteriores como que se ha mal utilizado la Fuerza Armada y eso no es cierto. Estamos dando un instrumento importante al presidente y esperamos que haga buen uso de él, que mejoren las condiciones de seguridad”, expuso el diputado tricolor, Ernesto Angulo.

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