La coordinadora jurídica para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Gisela de León, analiza la demanda que enfrentará el Estado salvadoreño ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por la masacre de El Mozote ocurrida en 1981. "El asesinato a sangre fría no tiene justificación", dice

Con esta nueva querella, el verde olivo y el Estado salvadoreño vuelven a estar en la mira de los defensores de los derechos humanos. En diciembre de 1981 una unidad del Batallón Atlacatl del ejército incursionó al norte del departamento de Morazán en busca de guerrilleros. En su lugar encontró a una comunidad de campesinos que prefirió quedarse en casa porque pensó que así estarían a salvo de la guerra. Pero se equivocaron. 

De León es contundente al afirmar que, ante la ausencia de justicia, la demanda busca que el Estado salvadoreño llegue a la verdad de los hechos, a la identificación y sanción de los involucrados en la masacre y a la pronta reparación de las víctimas. 

La representante de CEJIL no duda en indicar que el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), encabezado por el presidente, Mauricio Funes, también ha sido negligente al no acatar las recomendaciones de la Comisión, acción que no dista mucho del gobierno anterior.

¿Cómo se involucra CEJIL en esta demanda hacia el Estado salvadoreño por la masacre de El Mozote?

El caso lo conocimos hace varios años y este se presenta ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos  en 1990 a través de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador. 

Nosotros (CEJIL) nos involucramos alrededor del año 2000 a solicitud de Tutela Legal y desde entonces trabajamos en conjunto. 

En el año 2006 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso y en noviembre de 2010 hizo recomendaciones que el Estado debió cumplir, pero como no cumplió, la Comisión tuvo la facultad de enviar el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (instancia superior) el día 8 de marzo de 2011.

¿Qué rumbo llevará la demanda contra el Estado salvadoreño que será este 14 de agosto? 

Debo aclarar que la Corte no tiene competencia para pronunciarse sobre los hechos de la masacre y solo se puede pronunciar sobre la falta de justicia porque El Salvador acepta la competencia de la Corte el día 6 de junio de 1995 y solo es a partir de esa fecha que la Corte puede pronunciarse y en el caso de la masacre de El Mozote, la Ley de Amnistía se aplica en 1993 y desde ese momento, no ha habido una sola diligencia dirigida a establecer la verdad de lo que pasó. 

Hubo algunas diligencias para exhumaciones y entregar los cuerpos a los familiares, pero no ha habido ninguna actividad del Estado para investigar los hechos. En 2006 Tutela Legal solicita una reapertura de las investigaciones y todavía, cinco años después, esa solicitud no está resuelta. 

El caso (la demanda) tiene que ver con la falta de justicia, con la inactividad absoluta del Estado salvadoreño para establecer la verdad de lo que ocurrió en la masacre, identificar y sancionar a los responsables y por supuesto que esto involucra (y pasa por) la Ley de Amnistía y algunas violaciones que ocurrieron en el tiempo (1995, fecha en que la Corte tiene competencia en el caso) como el desplazamiento de 690 personas después de la masacre). 

Todos estos hechos serán puestos al conocimiento de la Corte.

Ahora que hay cambio de escenario político con la llegada del FMLN al gobierno ¿qué espera CEJIL con esta demanda?

No es el primer caso que litigamos con este gobierno. Litigamos el caso Contreras (una desaparición forzada) y vimos un cambio de actitud de (este) gobierno en relación con lo que veíamos en el gobierno anterior y señaló los hechos y aceptó la mayoría de las recomendaciones.

La masacre de El Mozote representa la impunidad absoluta en la que están todos los casos del conflicto. 

Esperamos que haya una posición de apertura hacia la reparación de las víctimas y de medidas más generales. 

Pero en 2010 el Estado salvadoreño, con un nuevo gobierno,  no acató las recomendaciones que hizo la Comisión, ¿qué les hace ahora tener nuevas expectativas?

Las recomendaciones son de noviembre de 2010 y en ese momento el Estado tenía tres meses para cumplir esas recomendaciones… La verdad es que no hizo nada. 

En el caso Contreras pasó más o menos lo mismo: el Estado no cumplió durante los tres meses (de plazo) las recomendaciones y el Estado pidió prórroga y no cumplió ni siquiera el periodo de prórroga; sin embargo, su actitud frente a la Corte fue aceptar los hechos y aceptar las recomendaciones, las reparaciones que nosotros estábamos pidiendo. 

Ahora, no sabemos si esas recomendaciones serán cumplidas realmente. Nosotros lo que sí hemos visto en este gobierno es un cambio de discurso. 

¿Es decir que en el discurso aceptan los hechos pero al tomar acciones están ante lo mismo?

Sí. Nosotros no hemos visto avances en la adopción de medidas concretas. Por ejemplo, el gobierno creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado con las características que la Corte había dicho por el caso de las hermanitas Serrano Cruz; pero la Comisión no tiene presupuesto. 

Al final quedamos en lo mismo. 

Nosotros esperamos que haya un cambio de actitud en ese sentido, pero no tenemos ninguna certeza de que así va a ser. 

¿CEJIL afirmó que obligaría al Estado salvadoreño a derogar la Ley de Amnistía, o en su defecto, a no aplicarla en el caso de El Mozote?

Sí. Lo que la Comisión recomendó y lo que nosotros estaríamos impulsando en el caso es que no se aplique la Ley de Amnistía a graves violaciones de los derechos humanos porque eso es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

La Corte tiene todo un procedimiento para pedir cada cierto tiempo al Estado salvadoreño información sobre qué está haciendo para cumplir las recomendaciones y si no cumple, puede ser llamado a audiencia nuevamente. 

Además, el Estado salvadoreño iría en contra de la actitud de los demás estados de la región. 

El Batallón Atlacatl, según el Informe de la Comisión de la Verdad, fue quien perpetró la masacre, pero en este escenario, ¿qué papel juega el gobierno de Estados Unidos quien financió, entrenó y supervisó al ejército salvadoreño?

Debo aclarar que hubo participación de otros batallones, incluso de la Fuerza Aérea. Cuando nosotros litigamos, buscamos justicia en relación con la participación de toda la gente involucrada. 

No podríamos exigir responsabilidad al gobierno de Estados Unidos como tal, pero si hubiese personas específicas involucradas, la investigación implica identificación y sanción de todas las personas responsables.

¿Qué valoración hace usted de las recientes declaraciones del fiscal general de la República sobre la Ley de Amnistía?

Me parece que el fiscal está desinformado, de hecho, ya existe una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema del año 2001, la cual dice que la Ley de Amnistía no se puede aplicar a graves violaciones de los derechos humanos, es decir, desde el derecho interno, no podría ser un argumento para evitar procesos. 

El reto de El Mozote será establecer el mecanismo para que lo establecido por la propia Corte de Justicia de El Salvador sea aplicado. Eso es lo que nosotros buscamos.

¿Qué sucede con aquellos soldados que argumentan que solo cumplieron órdenes?

Todas las personas que participaron tienen que ser procesadas. “La obediencia debida”, que es una figura legal, no aplica en este tipo de casos, sobre todo, cuando todas las víctimas eran población civil, y específicamente en El Mozote, que fueron niños. 

El asesinato a sangre fría no tiene justificación.

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