El coronel Inocente Montano, que está acusado de participar en la planificación de la masacre de los sacerdotes jesuitas en 1989, ha estado residiendo en EE.UU. desde al menos 2001 y en 2002 solicitó y obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés), que el Gobierno estadounidense otorga a quienes no pueden regresar a sus países debido a conflictos civiles o desastres naturales.

Un gran jurado de Estados Unidos acusó formalmente de perjurio y fraude en documentos de inmigración al exmilitar salvadoreño Inocente Orlando Montano, quien es uno de los oficiales requeridos por la Audiencia Nacional de España por el asesinato de los seis jesuitas, su cocinera y la hija de esta.

El jurado estadunidense procesa a Montano por cada delito y podría enfrentarse a diez años de prisión por cada uno de ellos, lo que representa 40 años de cárcel como pena máxima y una multa de 1,25 millones de dólares.

Montano fue detenido por las autoridades migratorias en agosto de 2010 y en diciembre de 2011 fue acusado por el tribunal federal de Massachusetts.

El militar se declaró inocente el 11 de enero de 2012 ante la corte por el delito de perjurio, por el que es procesado en una corte de Boston, ya que vivía en las afueras de esta ciudad. 

Montano ocultó su pasado militar en El Salvador en aras de conseguir el codiciado TPS, que Washington permite a los extranjeros permanecer en los Estados Unidos si acreditan que su seguridad no está garantizada en su país de origen, por guerra, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias. 

Pero los solicitantes deben informar sobre su pasado como miembros de las fuerzas de seguridad y Montano omitió que él, incluso, fue Viceministro de Defensa.

Según el auto de la Audiencia Nacional española, que fue dictado en mayo de 2011, Montano "participó activamente en la decisión y diseño del acto".

A juicio, pero en EE.UU.

Una vez ha tenido lugar la presentación de cargos por parte del gran jurado (jurado de investigación), ahora el caso se presentará a juicio, para el que aún no hay fecha concreta.

El militar salvadoreño inicialmente estudió la posibilidad de declararse culpable, pero prefirió extender el proceso judicial.

El cargo de perjurio se debe a que, pese a negarlo en su declaración, Montano fue miembro del grupo militar conocido como "La Tandona", por ejemplo.

El pasado 2 de diciembre el Gobierno español acordó solicitar la extradición de 15 exmilitares salvadoreños, entre ellos Montano, bajo cargos de conspiración y asesinato de los cinco jesuitas y tres ciudadanos salvadoreños, así como de crímenes contra la humanidad y terrorismo.

La Ley de Amnistía de 1993 de El Salvador protege a militares e insurgentes que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado (1980-1992).

La CSJ

Esta semana, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió que citará a 13 de los 20 militares que España reclama por el asesinato múltiple.

La magistrada Rosa María Fortín explicó a DIARIO LA PÁGINA que con esta resolución se está garantizando el derecho de audiencia establecido en la Constitución.

Los ex militares reclamados por el tribunal español tendrán cinco días para exponer por escrito los alegatos en su defensa a la Corte.

Fortín, sin embargo, explicó que la resolución todavía no ha sido firmada por los diez magistrados que decidieron convocar a los militares.

Esto significa que la CSJ les otorga la posibilidad de “conocer la imputación de sus derechos, es para darle cumplimiento al derecho de audiencia, y se les dará copia de esa documentación”. 

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