Luis Cardenal es el Presidente de la Cámara de Comercio de El Salvador, uno de los principales impulsores de las diferentes actividades en defensa de la Constitución de la República. Ante la decisión de la Asamblea Legislativa de no acatar las resoluciones de inconstitucionalidad emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el empresario afirma que el enfrentamiento de poderes está afectando la economía del país por lo que debe resolverse a la brevedad posible.

¿Les está afectando como empresarios todo este conflicto entre la Corte Suprema y la Asamblea Legislativa?

Por supuesto. Toda esta problemática social que vivimos entre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa afecta directamente el desarrollo nacional, disminuye el crecimiento económico, debido a la desconfianza interna y externa que genera la crisis entre poderes. Nosotros como empresarios somos un sector importante para la sociedad, pero antes de serlo somos ciudadanos y estamos obligados a defender la Constitución de la República, ante violaciones a dicha norma jurídica, en este caso, por los diputados quienes se empeñan en no acatar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, el máximo tribunal constitucional del país.

Todos estos problemas son generados por las ansias de manejar y controlar el poder judicial y ponerlo a disposición de los partidos políticos para que sigan gobernando arbitrariamente y nadie les ponga un paro a todas las violaciones que cometen a las norman jurídicas. Dicho control desean ejercerlo a través del nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que responden a sus intereses partidarios y son fieles a las directrices de los institutos políticos que los eligieron, lo cual atenta contra la independencia judicial. Funcionarios que trabajen para los partidos políticos no garantizan al pueblo salvadoreño una pronta y cumplida justicia, lo que genera un clima de impunidad, por lo que hay que buscarle una solución a toda esta problemática lo más pronto posible.

¿Es grave este conflicto para el sistema democrático del país?

La gravedad recae en que se irrespeta el Estado de derecho, se incrementa la impunidad, uno de los problemas históricos de la sociedad salvadoreña. Estos conflictos incrementan la desigualdad social, las injusticias y la pobreza, supuestas razones del conflicto armando, mismos que no han desaparecido y siguen creciendo día con día pero la muestra de civilización es que ahora no resolvemos los problemas con armas, tenemos mecanismos de diálogo y hay que priorizarlos en esta crisis institucional. La sociedad merece una justicia imparcial, independiente y sin injerencias de otro Órgano del Estado. No podemos seguir viviendo en una sociedad donde impere la ley del más fuerte, una selva, donde el marco jurídico no sea respetado.

¿Cómo califica los conflictos generados en la marcha blanca que realizaron en las cercanías de la Asamblea Legislativa?

Es lamentable. Todos debemos comprender que hay que buscar entendimientos y que la violencia no resuelve los problemas del país. La violencia genera más violencia. Estas acciones no generan confianza en la población y el deseo de participar en defensa de la Constitución de la República, seguimos teniendo una sociedad polarizada. En vez de estar enfrentados unos con otros deberíamos tener una visión compartida, donde conjuntamente podamos superar los problemas de injusticia, pobreza, inseguridad, pero bajo el marco del fiel cumplimiento de la Constitución de la República y no acomodando las leyes según conveniencias particulares o partidarias.

¿Cuál es la solución entonces para superar este impasse entre la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema?

La solución recae en que la Asamblea Legislativa abandone su posición de desacato y cumpla con la sentencias de inconstitucionalidad emitidas por la Sala de lo Constitucional y proceda a realizar una nueva elección de funcionarios de segundo grado. Deben de elegir nuevamente a los magistrados de la generación 2006 y 2012 para dar validez y legalidad, para que puedan ocupar sus cargos en la Corte Suprema de Justicia. Mientras no se realice dicha elección seguirán siendo ilegítimos e inconstitucionales. 

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