Tal como lo dijo DIARIO LA PÁGINA en primicia, el Presidente Mauricio Funes vetó las reformas hechas por la Asamblea Legislativa en la plenaria de la semana anterior. Horas después, en la noche del mismo jueves, diputados en sesión plenaria aceptaron el veto con 52 votos a favor.

Fuentes de Casa Presidencial confirmaron a un periodista de este Diario que el Presidente, Mauricio Funes, decidió vetar las reformas legislativas que le quitaban poder al Instituto de Acceso a la Información en cuanto a determinar si una información era reservada o no.

Los diputados, siete días atrás, decidieron que fuera el funcionario (y no el Instituto) el que decida si una información pública puede ser entregada o no a ciudadanos o a medios de comunicación.

Ante esto, diversos sectores de la vida nacional pidieron al Presidente Mauricio Funes que vetara tal decreto. El Presidente, al analizar las consecuencias del decreto legislativo, decidió vetarlo por inconveniente, dijo la fuente a DIARIO LA PÁGINA.

Horas despúes, en sesión plenaria, los diputados aprobaron el veto con 52 votos a favor, una abstención (Mario Valiente, ARENA) y un voto en contra (Enrique Valdéz, ARENA). El FMLN además de pedir dispensa de trámite para el veto solicitó que éste se enviara al archivo.

El jueves al mediodía Casa Presidencial confirmó a este medio que había recibió de la Asamblea Legislativa, para su consideración, el decreto legislativo que establecía reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

Las fuentes explicaron que el equipo jurídico de la Presidencia había comenzado el análisis de dicho decreto para que el primer mandatario tomara una decisión al respecto, apegada a derecho y sin presiones de ningún tipo, reiteraron.

La misma fuente confirmó que el Presidente Mauricio Funes adoptó una resolución en pocas horas, para poner fin a las especulaciones que se han hecho con el fin de politizar el tema y convertirlo en un debate electoralista.

Las reformas aprobadas por el FMLN, GANA y CN la madrugada del viernes anterior, en sesión plenaria, generaron una serie de críticas en la sociedad civil, las cuales solicitaban al mandatario que ejerciera su derecho a vetarlas.

Al respecto, Funes había dicho que debía analizar las reformas para poder promulgarse al respecto por lo que no se dejaría presionar por grupos sociales, gremios y entidades quienes consideraban que las reformas aprobadas vulneraban el derecho al acceso de información por parte de la población.

En recientes declaraciones el presidente Funes había reiterado que el Instituto de Acceso a la Información Pública no es la garantía de la transparencia del Estado, sino “la voluntad que pueda tener un gobernante para transparentar sus acciones, sus decisiones y las cuentas públicas”.

Asimismo, esta misma semana el Presidente Funes destacaba como muestra del compromiso de su gobierno con la transparencia la gran cantidad de información que el Ejecutivo tiene en portales web ya que “en 20 años de gobierno de ARENA nunca se había proporcionado tanta información a la opinión pública como lo estamos haciendo ahora”, puntualizó.

Organizaciones de la sociedad civil exigieron al presidente Funes que vetara las reformas aprobadas por considerarlas inconstitucionales, ya que para ellos anulaban el derecho que todos los ciudadanos tienen al acceso de la información pública.

Dichas organizaciones aglutinadas en el Grupo Promotor consideraban que los diputados que promovieron las reformas la semana anterior abusaron de su posición al aprobarlas mediante dispensa de trámite, lo cual "atenta contra la democracia del país".

Incluso, para algunos de los representantes del Grupo Promotor habían dicho que consideraban que las reformas se realizaron porque los políticos "buscaban algo que esconder”.

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