Rigoberto Zelada Zelada, quien se desempeñaba como procurador adjunto de la PGR al oriente del país, en el departamento de La Unión, fue condenado a diez años por el delito de violación a una menor incapaz.

La niña, de 12 años, que sufre una discapacidad severa, fue violada en repetidas ocasiones por Zelada hasta que quedó embarazada.

Cuando Zelada supo de la denuncia que había en su contra, se aprovechó de su cargo como funcionario público y gozó de protección, afirmo la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, la Policía Nacional Civil (PNC) logró dar con su paradero, fue capturado y presentado ante el Juzgado de Sentencia de San Miguel, en donde fue condenado este miércoles. 

La Ley de Fomento a la Productividad, aprobada hace un año, tendría que echarse andar lo antes posible luego de la juramentación de los Consejos de Productividad y la Industria, que tendrán como misión velar para que se cumpla la normativa. Dichos consejos han sido juramentados este miércoles por la tarde en Casa Presidencial.

La ley en mención, sustituye al eliminado "drawback", por lo que con ella se deben cumplir otros incentivos como el financiamiento a la industria, la transferencia de tecnología, así como algunos incentivos fiscales que se tienen que discutir para fomentar la inversión, informó Jorge Arriaza, directivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales.

"Llevamos un año de retraso y nos urge tener medidas que incentiven la inversión para generar más empleo", sostuvo.

Para el directivo el retraso se ha debido a la necesidad que el sector público tome más conciencia de la importancia que tiene incentivar a la industria para lograr así generación de empleo.

Sin embargo Arriaza asegura que ahora lo importante es que la normativa camine ya que con ella "se pueden lograr grandes cosas para la industria y buenas para el país".

El evento es presidido por el secretario técnico de la Presidencia y el ministro de Economía, Alex Segovia y Héctor Dada Hirezi, respectivamente; además por el presidente de la ASI, Javier Simán.

La esposa de Rodrigo Mixco y la madre de Lisandro Pohl, están siendo procesadas por los delitos de encubrimiento y fraude procesal, por tratar de desvanecer la evidencia y encubrir a los imputados, en el caso del asesinato de un joven que laboraba como chef.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó medidas cautelares, al Juzgado de Paz, que lleva el caso. El juez decretó la detención domiciliar bajo vigilancia policial, por lo que el Ministerio Público espera, además, lograr una condena para las dos mujeres.

Mayra Irene Mendoza de Pohl, madre de Lisandro, mandó a lavar la camioneta después del hecho para borrar todas las huellas dactilares.

Mientras que Eleonora Mena de Mixco, esposa de Rodrigo, sostuvo en la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), que al salir de un centro comercial en donde estaban departiendo, unos sujetos les asaltaron y les golpearon.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía indican que la versión de Lisandro Mendoza Pohl -sustentada por Eleonora de Mixco- es falsa, ya que un testigo presentado por la FGR sostiene que Mendoza Pohl golpeó a Eduardo García González hasta matarlo.

La FGR considera pedir la reapertura del caso, esta vez por el delito de homicidio, por las peculiaridades del caso y por tratarse además de un caso de intolerancia.

El Fiscal general, Romeo Barahona, dijo que la muerte del joven chef, ocasionada por los imputados fue violenta y sin razón, por lo que esperan que las pruebas que incriminan a las dos mujeres sean suficientes para su condena. 

La víctima de una golpiza feroz por parte de un grupo de hombres que le gritaron insultos anti-gay tiene previsto hablar este miércoles sobre su terrible experiencia en un barrio de clase trabajadora en Atlanta.

Un miembro de la familia de la víctima, Brandon White, de 20 años, informó a a la policía lo ocurrido después de que un video del incidente se difundió en Internet, al parecer por los propios atacantes, consignó la agencia de noticias CNN.

En el video se ve a tres hombres dando puñetazos y patadas a White después de que éste salió de la tienda JVC en un vecindario del suroeste de Atlanta.

El video de vigilancia de la tienda, dado a conocer más adelante, muestra a White vestido con una camisa morada y jeans negros con un teléfono celular en su oreja izquierda saliendo de la tienda junto con otro hombre. Tan pronto como sale, el joven White es abordado por sus agresores.

Las imágenes muestran a ocho hombres reportados como miembros de la pandilla Jack City de pie y mirando alrededor, dos de los cuales están con cámaras de video en la mano.

Un hombre se abalanza sobre White con un neumático en sus manos.

La policía de Atlanta dijo que el incidente ocurrió el 4 de febrero y desde entonces han estado interrogando a White.

Agentes del FBI también están investigando el caso para determinar si cumple con los criterios de enjuiciamiento bajo la ley federal de crímenes de odio.

El fiscal federal Sally Quillian Yates dijo que su oficina estaba investigando posibles violaciones de los derechos civiles, basadas en la
orientación sexual. Georgia no tiene un estatuto de crímenes de odio estatal.

Enfurecidos activistas que defienden los derechos homosexuales prometieron que se haría justicia, mientras los residentes hicieron un llamado para que se extienda la presencia de la policía en su comunidad.

Devon Barrington Ward, de "Cambio Atlanta", dijo a la estación WSB TV, afiliada de CNN, que son necesarias leyes más duras para que las víctimas como White se sientan facultadas a entablar las denuncias. Los atacantes de White, dijo Ward, son "cobardes" que serán capturados.

"Ya sea que él fuera gay, heterosexual, amarillo, naranja, negro, blanco, el hecho es que primero que todo es un ser humano y ningún ser humano merece ser golpeado de esa manera", dijo Ward.

El representante estatal Simone Bell, quien es abiertamente gay, dijo a WSB que espera que este caso allane el camino para una legislación contra el crimen de odio en Georgia.

Efectivos de la Marina mexicana encontraron diez cuerpos de supuestas víctimas del grupo de Los Zetas en fosas clandestinas cavadas en dos ranchos del estado de Veracruz, informó este miércoles la dependencia militar.

El hallazgo fue posible después de la detención de un supuesto jefe de informantes del grupo de Los Zetas en la ciudad de Acayucan, que dijo estar vinculado con la desaparición de varios miembros de su organización y de rivales, y quien dio datos para ubicar las fosas.

"Personal perteneciente a la operación ¨Veracruz Seguro¨ se dirigió a inspeccionar dichos sitios, localizando hasta el momento los restos de diez cuerpos humanos enterrados en avanzado estado de descomposición", informó la Secretaría de la Marina. La búsqueda continúa.

El supuesto líder de informantes de Los Zetas en Acayucan, conocido como "El Pollo H", fue arrestado cuando intentó evadir un puesto de control en un vehículo sin placas.
 

La red de hackers Anonymous filtró en Internet unos mil documentos confidenciales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y amenaza con publicar correos electrónicos del Presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, admitió una fuente oficial en una nota que publica hoy el periódico "Diario 16".

"En efecto, es un ataque de este grupo de hackers denominados @AnonymousPerú. Sus acciones están orientadas a vulnerar la seguridad electrónica de las entidades del Estado. Lo han logrado en la Cancillería pues es el blanco más débil que tenemos", dijo el jefe de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, Ronald Barrientos.

Según Barrientos, el banco de datos del Perú es totalmente vulnerable a estos ataques y deslizó la posibilidad de que personal del Ministerio haya podido filtrar la información. "Hoy existen memorias USB, discos portátiles. (Los documentos) pueden ser filtrados desde adentro por los propios empleados de la Cancillería", señaló.

El ataque cibernético fue realizado bajo del nombre de #OpCensorThis por un ente que se hace llamar TeaMpOisoN.

En la primera página de los archivos filtrados se advierte que la segunda parte, que pronto saldrá a la luz, "contiene algunos correos electrónicos de autoridades del gobierno peruano como el Presidente del Consejo de Ministros. Algunos de ustedes encontrarán muy interesante el contenido de estos correos", señaló Anonymous.

Las principales organizaciones sociales no quieren darle tregua al presidente Mauricio Funes y lo acusaron de militarizar la Seguridad Pública tras los nombramientos de los generales retirados David Munguía Payés y Francisco Salinas.

El pronunciamiento fue calzado por Fespad, Cemujer, Concertación Romero, Mesa de Mujeres de la Maquila, Redes, Comadres, Promemoria, Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social “Madelein Lagadec”, Servicio Social Pasionista, y la Asociación Probúsqueda.

Para las organizaciones “queda muy claro todo un plan represivo con tinte militarista” de parte del mandatario, tras designar a Munguía en Seguridad y Salinas en la dirección de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo al manifiesto público, los representantes de todas las entidades coinciden en reiterar que la condición de militar se adquiere y se conserva de por vida, de acuerdo a lo establecido en el artículo 214 de la Constitución, el cual reza que “los militares no podrán ser privados en sus grados, honores y prestaciones, salvo en los casos determinados por la ley”.

En este sentido, las organizaciones exigen a Funes someterse a los mandatos constitucionales y afrontar la persecución del delito y la criminalidad “de manera frontal y sin privilegios".

Asimismo, demandan que “antes de tomar medidas equivocadas, erráticas y aventureras -que harán de El Salvador una ‘Tierra de nadie’, como ha ocurrido en México como consecuencia de la militarización- se conozca y se analice el informe de Human Right Watch (titulado) 'Ni seguridad ni Derechos”.

La Fiscalía General de la República (FGR), ha solicitado detención provisional contra el líder de la "ultra blanca" del Alianza, Menfis Rodríguez así como la inhabilitación de su cargo como funcionario público ya que se desempeña como administrador de la Villa Centroamericana, que es parte del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), presidido por Jaime "La Chelona" Rodríguez.

De acuerdo con la FGR la única medida es la detención provisional por lo que también pedirá que se le prohiba a él y al resto de detenidos la entrada a todos los escenarios deportivos públicos.

A los detenidos se les imputan los cargos de lesiones, desordenes públicos, daños agrabados y resistencia al arresto. Todos serán procesados por los mismos delitos.

Dentro del grupo también se encuentra el agente de la división de Protección para Personalidades Importantes (PPI), identificado como Adonay Edgardo Vásquez, para quien también se solicitará sea inhabilitado de su cargo dentro de la corporación policial mientras dure el proceso.

 “Ya no vamos a permitir como Fiscalía que se estén dando este tipo de hechos. Vamos a pedir medidas más gravosas, como los son la inhabilitación y el prohibir el ingreso de estas personas a los estadios”, señaló Romeo Barahona, fiscal general.

Según el fiscal general, gracias al apoyo de las imágenes obtenidas de los medios de comunicación la FGR ha podido individualizar los delitos e identificar a los sujetos detenidos.

Barahona considera que las instituciones han sido muy permisas con las personas que cometen delitos de este tipo en los escenarios públicos y deportivos, por lo que la violencia se ha desbordado, ya que no es la primera vez que suceden.

Médicos y sindicalistas del Hospital Zacamil iniciaron un paro de labores en el area administrativa del nosocomio como medida de protesta para exigir se abastezca de medicamentos y equipo quirúrgico al centro asistencial.

De acuerdo con  los sindicalistas, el paro es de carácter indefinido y no descartan paralizar otras áreas si el director del hospital, Víctor David Franco, no reanuda la mesa de diálogo que instalaron el año pasado.

Denuncia

Este martes los médicos del Hospital Zacamil denunciaron la problemática que tienen dentro del hospital debido a la falta de medicamentos y equipo para realizar las cirugías.

De acuerdo a los galenos, el equipo con el que cuentan en las salas de cirugías está en  malas condiciones desde hace meses. Asimismo, denuncian que las autoridades del Ministerio de Salud no han resuelto sus demandas.

A la falta de máquinas y equipo en buenas condiciones, los médicos suman la falta de algunos medicamentos, lo que afecta a los pacientes que reciben diferentes tratamientos.

Los sindicalistas y médicos vienen denunciando este problema desde hace más de un año, mientras que las autoridades de Salud, han asegurado en ocasiones anteriores que dicho problema está bajo control.

El gobierno salvadoreño anunció que más de 15 mil compatriotas beneficiados con el TPS en los Estados Unidos han solicitado reinscribirse en la séptima prórroga otorgada por Washington.

“En el primer mes en cuanto a inscripciones en nuestra red consular y diplomática hemos crecido en un 40 por ciento respecto al mismo período en la séptima inscripción. Siempre el segundo mes, por razones históricas, culturales que ustedes ya conocen es donde se concentra el mayor porcentaje de reinscripción”, explicó el canciller Hugo Martínez.

Añadió que se calcula a la fecha han solicitado su reinscripción más de 15 mil personas, “pero eso es solo un porcentaje que se está inscribiendo, pues hay gente que se reinscribe directamente”. Otra buena cantidad -explicó- lo hace por medio de abogados particulares, con la diferencia que en la red consular salvadoreña los trámites son gratis.

Martínez se mostró complacido con las solicitudes que se han llenado a la fecha, no obstante se hará un esfuerzo adicional de difusión, aseguró. Es por ello que el viceministro para los Salvadoreños en el Exterior Juan José García y el embajador salvadoreño en Washington, Francisco Altschult, están en una gira por varios estados de la costa este estadounidense.

Añadió que como gobierno ven un mayor interés en los compatriotas durante esta séptima reinscripción, “pero queremos insistir que si ya dejaron para el último mes la reinscripción no la dejen para la última semana, porque siempre será más fácil y ordenado realizar esa reinscripción lo más pronto posible”.

Entrega del DUI

Respecto a la emisión del Documento Único de Identidad (DUI), el funcionario explicó que la oficina del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) ha pedido más tiempo para ultimar detalles sobre la entrega del documento en los Estados Unidos.

“Hemos estado listos desde el año pasado con la infraestructura, con los servicios que se van a dar y con la gestión de los permisos consulares correspondientes”.