La larga disputa legal sobre los restos de Francisco Franco terminó este martes con la decisión del Tribunal Supremo español de avalar el plan del Gobierno de exhumarlos del monumento nacional donde están enterrados y llevarlos a un cementerio próximo a Madrid, en oposición a la familia del dictador.
En una decisión unánime de los magistrados de la sala que estudió el caso, el Supremo rechazó el recurso de los nietos de Franco y respaldó el proyecto gubernamental para sacar al dictador, que murió en 1975, del monumento del Valle de los Caídos y enterrarlo en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, a las afueras de la capital española.
La decisión judicial, cuyos detalles se conocerán los próximos días, desestimó también el deseo de los nietos de Franco de que los restos fueran vueltos a enterrar en la catedral de la Almudena, en el centro de Madrid, donde la familia posee una sepultura.
El Gobierno español, que dirige el socialista Pedro Sánchez, rechazaba esa pretensión debido a motivos de seguridad, al considerar que la posibilidad de que Franco recibiera homenajes en pleno centro de Madrid podría ser causa de incidentes.
El fallo judicial constituye “una gran victoria de la democracia española“, celebró el presidente del Gobierno en funciones, que hizo de la exhumación de Franco una prioridad al llegar al Ejecutivo el año pasado, y que también ha sido respaldada por el Parlamento.
En un mensaje en redes sociales, Sánchez resaltó desde Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU, la “determinación” del Ejecutivo para “reparar el sufrimiento de las víctimas del franquismo”.
La exhumación se hará “cuanto antes”, afirmó por su parte la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, a fin de alejarla lo más posible de la campaña por las elecciones legislativas del 10 de noviembre, que precisamente se convocan este martes.
El Gobierno aún debe superar un último escollo, ya que un juez de Madrid suspendió de forma provisional la licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (municipio donde está el Valle de los Caídos) para levantar la losa de la tumba del dictador.
Ese juez —al que el Ejecutivo intentó sin éxito recusar por sus posiciones ideológicas extremas— aceptó a trámite una petición particular que argumentaba que levantar la lápida, de dos toneladas de peso, podría suponer un peligro para los operarios.
La esposa de Franco, Carmen Polo, está enterrada desde 1988 en el cementerio adonde el Gobierno quiere llevar los restos del dictador.
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