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El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, declaró este martes que el Departamento de Justicia no ha descubierto evidencia alguna de un fraude que pueda cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.
Los comentarios marcan un agudo contraste con las denuncias y acusaciones del presidente Donald Trump, quien se niega a aceptar su derrota ante el demócrata Joe Biden.
En entrevista con The Associated Press, Barr divulgó que fiscales y agentes del FBI han estado siguiendo pistas y atendiendo a denuncias que han recibido, pero hasta ahora no han detectado ninguna irregularidad que pueda cambiar el resultado de la votación.
“Hasta la fecha, no hemos visto fraude de una magnitud que pueda llevar a un diferente resultado electoral”, indicó Barr en la entrevista.
Los comentarios son particularmente importantes ya que Barr ha sido uno de los más estrechos aliados del presidente saliente. Antes de las elecciones, mencionó repetidamente la posibilidad de que los sufragios depositados por correo eran vulnerables al fraude, en momentos en que una parte de la población optó por votar de esa manera a fin de evitar la presencia física en los centros de votación durante la pandemia.
El mes pasado, Barr emitió una directiva a los abogados de los Estados Unidos en todo el país que les permitía perseguir cualquier “acusación sustancial” de irregularidades en la votación, si es que existían, antes de que se certificara la elección presidencial del 2020, a pesar de que en ese momento no había pruebas de un fraude generalizado. Ese memorando dio a los fiscales la posibilidad de seguir la política de larga data del Departamento de Justicia que normalmente prohibiría esas acciones manifiestas antes de que se certificaran las elecciones. Poco después de que se emitiera, el principal funcionario del Departamento de Justicia encargado de los delitos electorales anunció que se apartaría de esa posición debido al memorando.
El equipo de campaña de Trump, dirigido por Rudy Giuliani, ha estado alegando una conspiración generalizada de los demócratas para arrojar millones de votos ilegales al sistema sin ninguna prueba. Han presentado múltiples demandas en los estados que son campo de batalla alegando que los observadores electorales partidarios no tenían una visión suficientemente clara en los centros de votación de algunos lugares y por lo tanto algo ilegal debe haber sucedido. Las demandas han sido desestimadas repetidamente, incluso por los jueces republicanos que han dictaminado que las demandas carecían de pruebas. Los republicanos locales en algunos estados con problemas han seguido a Trump en hacer afirmaciones similares sin apoyo.
Trump se ha quejado de las elecciones en tuits y en entrevistas, aunque su propia administración ha dicho que las elecciones de 2020 fueron las más seguras de la historia. Trump recientemente permitió que su administración comenzara la transición hacia Biden, pero aún así se ha negado a admitir que perdió.
Los temas que la campaña de Trump y sus aliados han señalado son típicos en cada elección: Problemas con las firmas, sobres secretos y marcas postales en las papeletas de voto por correo, así como la posibilidad de que un pequeño número de papeletas se emitan erróneamente o se pierdan.
Pero también han pedido que se investiguen las reclamaciones a nivel federal. El abogado Sidney Powell ha contado historias ficticias sobre sistemas electorales que cambian de lugar los votos, servidores alemanes que almacenan información sobre el voto en los Estados Unidos y software electoral creado en Venezuela “bajo la dirección de Hugo Chávez”, el presidente venezolano que murió en 2013. Powell ha sido retirado del equipo legal después de una entrevista que concedió en la que amenazó con “volar” Georgia con una presentación judicial “bíblica”.
Barr no nombró a Powell específicamente, pero dijo: “Ha habido una afirmación que sería un fraude sistémico y sería la afirmación de que las máquinas fueron programadas esencialmente para sesgar los resultados de las elecciones. Y el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia han investigado eso, y hasta ahora, no hemos visto nada que lo corrobore”.
Dijo que la gente confundía el uso del sistema federal de justicia penal con las alegaciones que deberían hacerse en los juicios civiles. Dijo que tal remedio para esas quejas sería una auditoría de arriba hacia abajo realizada por funcionarios estatales o locales, no por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
“Hay una tendencia creciente a usar el sistema de justicia penal como una especie de solución por defecto, y a la gente no le gusta algo que quiere que el Departamento de Justicia venga e ‘investigue’”, dijo Barr. Y agregó que en primer lugar debe haber una base para creer que hay un delito que investigar.
“La mayoría de las denuncias de fraude están muy particularizadas a un conjunto particular de circunstancias o actores o conductas. No son acusaciones sistémicas y. Y esas se han agotado; se están agotando”, afirmó Barr.
