El tribunal que ha juzgado la llamada Época I del caso Gürtel da por probada la existencia de una «caja B» en el Partido Popular (PP) correspondiente a una contabilidad «paralela» nutrida a base de donaciones finalistas que servía para pagar actos electorales, estableciendo así que el PP ha adulterado la competición democrática española durante más de veinte años.
La gestión de muchos años del PP, instituto político con el cual llegó al poder el actual presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy; ha sido desacreditada por dicha sentencia que expone en 1,687 páginas que se ha mantenido oculto durante más de dos décadas una financiación irregular con la que ha concurrido y ganado elecciones municipales, autonómicas y nacionales.
La sentencia incluso desacredita el testimonio del propio Mariano Rajoy, que declaró que nunca conoció la existencia de los papeles de Luis Bárcenas (tesorero del PP) y que no cobró sobresueldos.
Este fallo supone el cierre de un capítulo fundamental en el grueso tomo de casos de corrupción que atenaza al PP y cuyo punto final todavía no se ha puesto. Como resultado, 29 de los 37 acusados han recibido penas que suman 351 años de prisión— tendrá una repercusión política inmediata.
La investigación ha determinado que la red inicia con el empresario Francisco Correa Sánchez y varios integrantes más que corresponden al Partido Popular.
El Salvador en similitud con España
Al igual que en España, un caso similar está en proceso en El Salvador.
Como ya es conocido, El Salvador ha pasado por una posible «red de corrupción» en la cual las investigaciones no han ampliado a gran magnitud a diferencia del país europeo.
Actualmente, se conoce de casos de algunos expresidente en los cuales no se ha avanzado contundentemente dentro de las investigaciones, a pesar de diversas declaraciones y pruebas. Tal es el caso del expresidente Francisco Flores, quien hace unos años declaró abiertamente haber recibido cierta cantidad de dinero del Gobierno de Taiwán y haberlo hecho llegar a los «destinatarios».
Flores en su momento, aclaró que dichos fondos fueron recibidos por su persona «en cheques» y de manera «directa» del Gobierno de Taiwán a su nombre. Incluso confesó que esas entregas eran una «cuestión totalmente personal y privada».
Estos fondos, aparentemente, fueron a parar al actual partido de oposición, ARENA, lo cual fue confirmado por el hijo del exmandatario. Sin embargo tal información no fue investigada a profundidad por las autoridades.
Estas declaraciones y la donación de fondos también se solidifican, luego de que el presidente de Taiwán de esa época Chen Shui-bian fuera condenado a cadena perpetua por corrupción, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.
El expresidente de Taiwán, durante el proceso judicial, reconoció que parte del dinero por el que se le acusaba fue por «operaciones diplomáticas secretas», supuestamente esto se debió a «sobornos» a algunos países, entre ellos centroamericanos, esto con el objetivo de recibir apoyo de carácter internacional.
Por otro lado, el expresidente Elías Antonio Saca, también está siendo investigado por cargos de corrupción y el supuesto desvío de 298 millones de dólares; con él, varios exfuncionarios del partido de derecha están siendo investigados.
Actualmente, parte de las pruebas que han sido presentadas por la Fiscalía General de la República ante la Cámara Primero de lo Civil en este caso; determinan que parte del dinero por el que se está investigando al expresidente habría sido destinado a cuentas de terceros, entre ellos el partido ARENA; esto manejado por el exsecretario privado de la Presidencia en se tiempo, Élmer Charlaix.