La Corte Suprema de Justicia de Colombia anunció este martes que transfirió a la Fiscalía las investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por sus presuntos vínculos con paramilitares que cometieron masacres y mataron a un defensor de derechos humanos en los años noventa.
En un comunicado, el alto tribunal explicó que perdió competencia para investigar a Uribe, en prisión domiciliaria desde el 5 de agosto, ante su «renuncia (…) a su condición de congresista» y remitió el proceso «a la Fiscalía General de la Nación».
En Colombia los expresidentes solo pueden ser investigados por el Parlamento, pero Uribe -de 68 años- estaba bajo la jurisdicción de la Corte en su condición de legislador. A mediados de agosto, el exmandatario renunció al escaño que ocupaba desde 2014, tras la decisión de los magistrados de enviarlo a prisión domiciliaria mientras lo investigaban por un caso de manipulación de testigos contra un legislador de izquierda.
Uribe -que siempre ha negado cualquier comportamiento delictivo- alegó falta de garantías e imparcialidad por parte del tribunal. El ex jefe de Estado fue gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997) donde se produjeron los hechos por los que está siendo investigado. El expresidente publicó un vídeo en sus redes sociales en el que responde las acusaciones.
Ahora será la Fiscalía la que investigue al líder del Centro Democrático -el partido en el poder- y mentor del presidente Iván Duque, tanto por los nexos con los paramilitares de ultraderecha como por sus maniobras contra el congresista Iván Cepeda.
El órgano de acusación está a cargo de Francisco Barbosa, quien llegó al puesto luego de ejercer como alto consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales del presidente, lo que a juicio de los críticos de Uribe le resta independencia.
Está previsto que la Justicia analice un recurso de la defensa de Uribe para que el exmandatario pueda defenderse en libertad por el caso que tiene como víctima a Cepeda. Además de eso, Uribe está señalado de promover los grupos clandestinos de ultraderecha que combatieron a las guerrillas y que están implicados en masacres y el asesinato del activista de derechos humanos Jesús María Valle en 1998.
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