La Unidad Fiscal de Delitos de Crimen Organizado, dio a conocer este 20 de noviembre las condenas impuestas contra integrantes de una bien estructurada banda delincuencial que se dedicaba a cometer asaltos a usuarios de instituciones financieras en los departamentos de la Libertad, San Vicente, Sonsonate y Chalatenango.
El reporte señala que el Tribunal Especializado de Sentencia “C” de San Salvador impuso las penas las cuales oscilan entre los 10 a 40 años de prisión para un total de 10 imputados a quienes se les atribuyó delitos de robo agravado.
Según el informe pericial, los delincuentes utilizaron diversas formas para operar, una de las cuales consistía en enviar a algunos de los integrantes de la organización al interior de los bancos simulando ser un usuario de estos servicios, sin embargo se dedicaban a observar a las personas que retiraban fuertes cantidades de efectivo para posteriormente dar seguimiento a sus víctimas hasta interceptarlas amenazándolas con armas de fuego y obligándolas a entregar el dinero.
Durante los atracos, algunas de las víctimas también fueron despojadas de joyas, objetos de valor y los vehículos en que se transportaban. Las autoridades afirman que las cantidades que robaron fueron estimadas entre los $500 a los $15,000.
El condenado a 40 años de prisión fue identificado como Luis Alexander Muñoz Serrano, quien tendrá que pagar $16,200 por responsabilidad civil, mientras Mauricio Alberto López Carballo fue sentenciado a 20 años y deberá pagar $4,700. Por su parte, el exagente supernumerario Salvador Alexis Magaña Reyes cumplirá la misma pena que Carballo y realizará el pago de $4,500 en calidad de responsabilidad civil.
Además, fueron condenados a 10 años de prisión César Balbino Guzmán Méndez, Jefferson Mauricio Muñoz Platero, Marlon Roberto Meléndez López, Ricardo Ernesto Meléndez, Manuel de Jesús Cruz, Manuel Ernesto González y David Francisco Romero Flores, quienes cancelarán entre $1,500 y $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Las investigaciones realizadas por el personal fiscal especializado, con apoyo de investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), determinaron que los hechos ocurrieron entre enero de 2015 a agosto de 2016.
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