Por: Fredis Pereira
El pánico es el peor consejero en tiempos de calamidad. Puede empujar a los tomadores de decisiones a dictar medidas que produzcan mayores daños, aunque procuren reducirlos o evitarlos. Por eso, mantener la calma es una condición indispensable para tomar decisiones que reduzcan el impacto negativo ante un peligro.
La gestión de la información es también clave en todo momento. Tomar decisiones arrebatadas sin tener información confiable, puede generar mayor pánico y perjudicar a las personas. Siempre hay personas inescrupulosas que difunden rumores; los gobernantes, los líderes de opinión y los medios de comunicación deben evitar ser reproductores de estos, o peor aún, que los gobernantes dicten ordenes que afecten el normal funcionamiento de las empresas y de las instituciones basados en información falsa, como parece que sucedió estos días, cuando se especuló que en un vuelo de México-El Salvador venían 12 infectados de coronavirus. Las redes sociales ahora son difusoras de muchos rumores con un simple clic.
La gestión de riesgo racional se basa en información confiable. La información que permita conocer el estado de las cosas en tiempo real. Tener información confiable es derecho de todo ciudadano; regulado en el artículo 35 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres; en consecuencia, el gobierno y la administración pública en general deben garantizar este derecho. Esto es vital, porque de acuerdo con los estándares de la gestión de riesgo racional, el ciudadano es el primer nivel de acción de protección civil, ningún cierre de empresas será tan afectivo, como la acción responsable del ciudadano de cuidar su higiene personal frente a los peligros del contagio.
Ahora bien, la simple información no es suficiente, la respuesta frente al peligro debe ser oportuna y proporcional. La mejor respuesta frente al peligro es la prevención, esto puede generar alguna incomodidad a veces, por eso, la gestión de riesgos se basa en el principio de proporcionalidad, tal como lo define la ley antes referida, lo que significa, no generar más daños del que se quiere evitar; así se desatiende este principio, cuando algunas municipalidad han ordenado el cierre de los mercados, que son centros de abasto de alimentos, tal medida, pone en mayor vulnerabilidad a los habitantes.
Las acciones de cuarentena son importantes para prevenir el contagio sistémico. Sin embargo, deben manejarse de acuerdo con principio de la dignidad humana, lo que significa garantizar sus derechos humanos, entre estos, tener información sobre los procedimientos y la justificación de las medidas. La cuarentena mal manejada, además de producir incomodidad en los afectados, genera mayores riesgos de contagio, como puede suceder cuando no existe una evaluación médica que justifique el encierro involuntario o voluntario de un grupo de personas; sobre todo, cuando no sabemos las condiciones de salud de los afectados, que por una atención inadecuada se puede poner en mayor peligro la vida por otras enfermedades. En un albergue se debe tener información de las condiciones de salud de los albergados, lo mejor es tenerlos clasificados para reducir los riesgos, y evitar el ingreso de alimentos y personas sin el debido control.
En la gestión riesgo se debe monitorear los impactos de las acciones de prevención. La parálisis de las instituciones y las empresas producen efectos indeseados que pueden poner en mayor vulnerabilidad a la población, sobre todos a quienes carecen de recursos de reserva; así por ejemplos, los microempresarios, que generan ingresos para sostener a su familia por la venta de alimento en las escuelas, han sido afectados económicamente, poniendo en riesgo a su núcleo familiar por la imposibilitar cubrir sus necesidades vitales. Así que por esta situación compleja es que la ley de protección civil instruye el Principio de Sistematicidad, lo que significa que el gobierno debe trabajar articulando esfuerzos los demás órganos del Estados, la sociedad civil y la empresa privada; es imposible hacer frente a una emergencia solo con su cuenta de Twitter y atacando a quienes cuestionan sus desatinadas acciones, como por ejemplo, las observaciones que hiciera el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos por el manejo inadecuado de los albergues abiertos por el gobierno central.
Por último, las noticias de otras latitudes no deben nublar nuestra capacidad para tomar decisiones en base a la ley. Actuar al margen de la ley solo generar complicaciones innecesarias, que dificultan el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. El presidente debería de revisar su proceder, aunque sus actuaciones le generen popularidad, dejar de lado la ley debilita la capacidad institucional de El Salvador, produce desperdicio de esfuerzos y recursos, y genera mayor vulnerabilidad. Así, la ley ya establece quienes son los responsables de administrar el sistema de alertas, en qué condiciones se emiten y su fundamentación científica, eso se ha obviado, el director de protección no se observa cumpliendo el rol que la ley manda. Si tan solo se aplicará la ley, el presidente jamás habría propuesto la restricción a las garantías constitucionales, y menos tener a un grupo de personas encerradas sin el adecuado manejo. Por el bien de El Salvador, señor presidente, necesitamos volver a la gestión de riesgo racional en base a la ley y la ciencia.