Padres de familia denuncian a centros educativos privados por exigir materiales y cobros adicionales

El Ministerio de Educación y la Defensoría del Consumidor han recibido varias denuncian de padres y madres de familia que se muestran inconformes debido a que algunos centros educativos privados están exigiendo compra y uso de uniforme, compra de útiles y libros en determinados lugares, y otras irregularidades, según dieron a conocer funcionarios esta mañana.

“Muchos padres y madres de familia nos alertaron y han pedido que actuemos como Ministerio de Educación ante algunos colegios que están imponiendo la compra de uniformes, útiles escolares, compra de libros, materiales y cobros adicionales”, dijo la ministra de Educación, Carla Hananía.

El centro de llamadas habilitado para atender este tipo de denuncias reportó, entre el 8 y 11 de enero, 513 quejas de padres de familia sobre la obligatoriedad en la compra de libros impresos o digitales y con costos elevados; además hay quejas por la obligatoriedad en la compra de uniformes de uso diario, exigencia en la compra de materiales de limpieza, kits de bioseguridad, entre otros. También se registran 38 denuncias de incrementos de colegiaturas y matrículas.

Ninguna institución privada está autorizada para incrementar las cuotas de matrícula o de las mensualidades, sin antes haberlo consultado en una asamblea de padres de familia. Además, todo incremento en cuotas siempre debe estar vinculado con la mejora en el servicio educativo que se brinda, explicó la funcionaria.

El artículo 100-A de la Ley General de Educación señala que los centros privados que ejecuten aumento de cuotas y matrículas en contravención a esta Ley, previa comprobación será sancionada. La primera vez, la multa es de $5,000. En caso de reincidencia, la multa es de al menos $10,000 y cuando la infracción sea una tercera vez se hará la revocatoria de la autorización del funcionamiento.           

«Esta misma Ley señala en su artículo 98-F como una falta muy grave, obligar a los alumnos y padres de familia a adquirir en la tienda escolar útiles, vestuario y enseres», apuntó la funcionaria.

Por su parte, la Defensoría del Consumidor se mantendrá vigilante en este inicio de clases a través del Plan Defensoría Escolar 2021, un esfuerzo que busca prestarle atención a todas aquellas disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor y que le brinden elementos de seguridad en el consumo, según lo manifestó el presidente de la DC, Ricardo Salazar.

En relación a la compra de útiles escolares, esta institución pondrá a disposición de la población servicios de información y atención a denuncias en más de 60 puntos fijos, señaló.

Además, ha sido planificado un plan de inspección con no menos de 500 inspecciones a realizar en las próximas semanas “con el objetivo de poder verificar disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor”, informó Salazar.

La titular de Educación también recordó a los padres de familia que, así como tienen derechos como consumidores, también tienen deberes por cumplir. Por ello, si han asumido un compromiso con la institución educativa privada donde han matriculado a sus hijos, deben cumplir con dichos compromisos, recomendó.